La represión como política de gobierno tiene saldos nefastos para México

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La represión como política de gobierno tiene sus saldos más nefastos en cientos de víctimas del pueblo trabajador, algunas rompen el muro del silencio, otras son parte del testimonio silencioso, cuya denuncia no escala los niveles mediáticos debido a la política de censura y autocensura que imponen las autoridades gubernamentales. Esta política encuentra muchas maneras de objetivarse contra el movimiento popular, desde el hostigamiento policíaco y los crímenes de lesa humanidad.

En la vía de los hechos se confirma que desde el gobierno mexicano se destila una propensión hacia el fascismo, donde se incorporan prácticas cada vez más aberrantes para tratar de infligir un daño irreparable en las masas trabajadoras; no importa el distintivo partidario, porque al ejercer la represión no existe diferencia sustancial en el cometido de crímenes de Estado.

Son varias las organizaciones del movimiento popular que damos testimonio de la violencia institucional, represión política que va desde la detención arbitraria, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada; cada acontecimiento de esta naturaleza se ejerce con determinada especificidad de acuerdo a la organización o sector popular contra quien vaya dirigido, he aquí el carácter sistemático de esta política de gobierno.

Actualmente la cifras son espeluznantes cuya magnitud desbordan los muros del silencio, desde diferentes ópticas se denuncia la existencia de una cantidad inconmensurable de crímenes de lesa humanidad, sin embargo, desde la institucionalidad sólo la omisión cómplice y la impunidad para los perpetradores.

Esta actitud de indolencia se materializa en la omisión ante las miles de denuncias, mismas que organismos como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (GTDF), reconoce que el incremento exponencial de las desapariciones forzadas se cometen por la omisión de las autoridades debido que no atienden las recomendaciones que se emitieron desde 2011.

Algunos opinan que esto significa la falta de voluntad política o una crisis de derechos humanos, sin embargo, para las organizaciones del movimiento popular representa la configuración de un Estado policíaco-militar que emplea la política del terrorismo para infringir heridas en el pueblo y sus organizaciones.

Paradójicamente esta denuncia se realizó desde algunos años y en su momento no se le prestó la atención necesaria que el caso ameritaba; sólo para recordar, desde nuestro esfuerzo llamamos a organizarnos antes de ser víctimas, ante el análisis que la política de detener y desaparecer personas se convertía paulatinamente en una práctica sistemática y generalizada.

Existen miles de denuncias que no encuentran eco en las cadenas informativas nacionales, por lo que muchas de esas víctimas están en el anonimato, pero esto dista mucho de ser un escenario favorable, porque objetivamente es la materialización de la perversidad del Estado, porque arremete de forma sistemática contra organizaciones y la información se difunde a cuenta gotas, como si fueran casos aislados.

Ciertamente en cada caso hay una particularidad pero esto lo define el seguimiento que hace el gobierno mexicano de cada organización popular, por esa razón es sistemático y perverso, porque analiza dónde y cómo cometer la represión.

Lo anterior no significa que la política represiva gubernamental sea infalible, siempre el pueblo trabajador podrá anteponerse a la represión si se pertrecha de la combatividad y del análisis, si se generaliza las acciones políticas de masas. Pero nos muestra un indicativo de que las autoridades que conforman los gobiernos federal y estatal, que se jactan de ser los defensores de los derechos del pueblo, quedan evidenciados en su verdadera esencia, de ser los representantes de la minoría oligárquica.

Los flagelos represivos alcanzan cada vez más sectores populares, las cifras se disparan exponencialmente; si bien de los que más se rinde testimonio es de aquellos crímenes que se cometen sin un aparente vínculo político, entre ellos se entremezclan aquellos con la clara pretensión de acallar una voz de denuncia o un esfuerzo organizativo.

Nosotros hemos de insistir en un aspecto, porque observamos con mucha consternación el empecinamiento de intentar explicar el fenómeno de los crímenes de lesa humanidad a partir de la tesis del crimen organizado, por lo tanto, encuadrar todo el río de sangre al fuero común.

La lucha contra el crimen organizado es el parapeto desde el cual se cometen cientos de crímenes contra el pueblo, es la coartada casi perfecta desde la institucionalidad para tratar de ocultar la cadena de mando para objetivar el terrorismo de Estado, sin embargo, el meollo del asunto no estriba en definir quién es el autor material, sino ampliar el criterio para entender el fenómeno más global y poder discernir los motivos para actuar de esta manera.

El panorama está muy claro, existe una relación intrínseca en aquellos escenarios que se presentan de mayor incidencia delictiva entre supuestos grupos rivales del crimen organizado y el cometido de crímenes de lesa humanidad por parte de efectivos militares, y más aún, hay una concatenación que no se puede obviar entre este clima de inestabilidad con la ubicación de fuentes de riqueza natural y energética.

Observar el curso de la represión y de la agudización de la lucha de clases tiene el propósito de entender el momento al que nos enfrentamos como masas organizadas, porque nada en la sociedad es mecánico, hoy observamos que los crímenes se generalizan y alcanzan a todos independientemente si están organizados o no.

Son varias las organizaciones populares que podemos dar testimonio de esta política, a nosotros como FNLS desde nuestra conformación la represión escala paulatinamente hasta llegar a la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de algunos de nuestros compañeros; al MULT en el estado de Oaxaca son víctimas de una constante agresión cuya lista de compañeros asesinados es larga; la reciente ejecución extrajudicial de Meztli Sarabia Reyna de la UPVA es uno de los crímenes más recientes que se suman a esta larga lista del terror.

No es casualidad que los esfuerzos organizativos que más recienten los embates y con quienes más se ensaña es contra aquellos que tienen una amplia trayectoria de lucha desde la década del 80 del siglo pasado, por esa razón no son hechos fortuitos ni mucho menos asilados, todos tienen una relación, que son crímenes planeados desde el Estado mexicano para intentar detener la organización popular.

El Estado es quien tiene el monopolio de la violencia, ésta emana desde las

estructuras de mando y se objetiva a través de los distintos cuerpos policíacos, militares y paramilitares, por esa razón cuando el pueblo busca mecanismos para ponerse a salvo de ella, de ninguna manera puede denominarse violencia, es la iniciativa para sortear la represión que desarrolla métodos y formas de lucha, porque esta es inherente a la necesidad de mejorar las condiciones de vida.

En algunas regiones del país el paramilitarismo tiene un repunte como política contrainsurgente, es la maniobra perversa del Estado para enfrentar al desposeído contra el desposeído, sin embargo, existe una diferencia diametral entre uno y otro, porque a quienes nos identifica organización popular no pasamos revista en las estructuras gubernamentales, ni es la acción provocadora la que identifica nuestra práctica política.

Cada región en particular imprime rasgos distintivos a la política del paramilitarismo, concretamente en Chiapas tiene el auge de corporativizar sectores campesinos-indígenas a quienes se les hace aflorar sus bajos instintos, se exacerba su instinto de propiedad, es decir, de poseer tierra a pesar de no tener la capacidad de trabajarla con sus propias manos, de tal manera que se encuentra en ellos el germen de neocaciquismo, y no sólo eso, sino que se vuelven presa fácil de la cooptación, porque en el supuesto de defender su propiedad pasan revista en los grupos paramilitares.

En los demás estados del país la punta de lanza de la política criminal del Estado la sintetiza los supuestos grupos de la delincuencia organizada en dos sentidos; el primero, cuando ellos mismos organizan escaramuzas donde el saldo son varios ejecutados o detenidos-desaparecidos; el segundo, cuando son el pretexto para el despliegue policíaco militar en determinadas regiones, donde el resultado es el mismo, crímenes de Estado cometidos contra la población civil y presentados como los más temibles delincuentes.

La represión tiene muchos matices, pero en su conjunto tiene saldos negativos en las masas trabajadoras, por lo que la exigencia es a incentivar aún más la creatividad popular para conducir al movimiento popular por el sendero de la coordinación y la unidad; no se trata de asumir la actitud mesiánica que la lucha siempre es desfavorable para las masas trabajadoras; el proceso de aprendizaje debe ser menos doloroso si todos hacemos el esfuerzo de aprender al ritmo que nos marca la lucha de clases.

A todos los esfuerzos que fueron tocados por el flagelo represivo en esta escalada de violencia, expresamos nuestra solidaridad, la exigencia que la lucha nos marca es que si nos golpean por separado, pero el enemigo es común, desarrollemos los mecanismos necesarios para construir la coordinación y lograr sortear esta oleada de represión.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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