Si eres USUARIO de la LUZ, esto te interesa y nos interesa tu opinión. Con la nueva administración ¿Que va a pasar con los adeudos? ¿Se dará el borrón y cuenta nueva? ¿Se establecerán tarifas sociales justas? ¿se quitarán los medidores prepago?¿se RESPETARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO DERECHO HUMANO? ¿Como nos organizamos como USUARIOS?.
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Después de un largo periodo durante el cual el suministro de energía en nuestro país fue objeto de privatización, especulación y beneficio para corporaciones internacionales, sometiendo a los consumidores a la elevación de precios, fallas en el suministro y a una regulación alejada de la atención a los intereses de la población y del carácter estratégico de esta industria para el país, resulta impostergable la definición de una política que restablezca el papel de esta industria como instrumento para propiciar el bienestar de la población y el desarrollo productivo del país, conforme a los fines impuestos originalmente por la sociedad a estas actividades. La crítica realidad actual está representada por millones de usuarios en todo el país que han optado por la suspensión de pagos en virtud de las irregularidades en el servicio, la privatización de los mismos, los altos cobros que ponen en riesgo el acceso de sectores populares al servicio y sangran a multitud de pequeñas empresas , la ausencia de contratos, la imposibilidad para hacer valer los derechos y las reiteradas amenazas y extorsiones por parte de empresas contratistas y unidades administrativas de la CFE; los medios periodísticos señalan que hay 677 mil 168 usuarios domésticos, de los cuales 489 mil 569 adeudan aproximadamente 8 mil 81 millones de pesos (cifra a julio del 2018).Desde hace varios años los usuarios tomaron la iniciativa en la lucha por el suministro de este bien básico para las diversas actividades de la vida cotidiana, hasta conformar la demanda que incluye el reconocimiento del acceso al suministro de energía eléctrica como un derecho humano, el establecimiento de una tarifa social justa y el “borrón y cuenta nueva” ante las arbitrariedades que han caracterizado a la administración de este servicio; demanda que permitiría la aplicación de una política social en este sector ante el desastre que han dejado los anteriores gobiernos, y contribuiría a orientar la actuación del Estado mexicano en el cumplimiento de sus responsabilidades para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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