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Liberan a Zenaida Pastrana, mujer indígena mixteca, tras mantenerla 9 años en prisión de manera injusta

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12 de febrero de 2013

Por Somos el Medio

México D.F. 12 febrero 2013.- El pasado 5 de febrero fue liberada Zenaida Pastrana de la Cruz, mujer indígena que perteneció durante 9 años y 6 meses en prisión en el Centro de Reinserción Social de Tlapa de Comonfort en el estado de Guerrero.

Zenaida fue detenida por policías ministeriales horas después de haberse cometido un homicidio dentro de su casa. De manera arbitraria, con violencia y sin una orden de aprehensión fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. Más tarde, fue consignada ante el juez penal del Centro de Readaptación Social de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante el cual se desahogaron diversas pruebas tendientes a acreditar la inocencia de Zenaida, cuestión que predomina en un proceso inquisitivo, en donde a las personas imputadas de un delito se les confiere la responsabilidad de comprobar su inocencia en tanto que las autoridades de procurar justicia no demuestren su culpabilidad.

Dos años después, un juez de primera instancia la sentenció a 30 años de privación de la libertad. Su defensa apeló la resolución y 4 meses después la Sala penal correspondiente determinó regresar el caso al juez de primera instancia, con el fin de que éste repusiera el proceso, al identificar violaciones al debido proceso de Zenaida.

El 21 de enero de 2010, con la gestión de ASILEGAL Asociación Civil, que posteriormente asumió la representación legal, logró un amparo que ordenó a la Sala Penal que dictará una nueva resolución, sin embargo, el resultado nuevamente fue dictar sentencia de 30 años de prisión.

A mediados de 2012, por cuarta vez se apeló la decisión del juez de primera instancia y la Sala Penal resolvió libertad este 5 de febrero.

Este es uno de los muchos casos de mujeres indígenas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios, víctimas de la discriminación de género que existe en México.

Por su parte ASILEGAL AC., exhortó a las instancias encargadas de procurar e impartir justicia en México, a que desistan del uso arbitrario y extensivo de la “presión preventiva”, pues no solo implica una sistemática violación a los derechos humanos, sino que atenta contra el principio de presunción de inocencia, garantía procesal plasmada en acuerdos internacionales y en la Constitución mexicana.

Asimismo, hace un llamado a las autoridades judiciales, ministeriales y penitenciarias a abstenerse de acciones basadas en estereotipos y prejuicios que criminalicen a las mujeres. En el mismo sentido, demandan incorporar una perspectiva de género en todas sus resoluciones y a que se dé prioridad al respeto a los derechos de las mujeres.

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