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El hambre en México, un problema de políticas: Investigador de la #UAM

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En 2006, con el salario mínimo era posible adquirir 4.2 kilogramos de huevo, para agosto pasado, el volumen cayó a 1.69. En el caso de la tortilla, en ese lapso se dejaron de comprar 2.17 kilogramos con la misma percepción.

El hambre en México no es un problema de escasez de alimentos, es un asunto de políticas que se traduce en la expresión más clara de la desigualdad que vivimos en el país, manifestó el doctor Carlos Cortez Ruiz, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al emitir su opinión sobre la cruzada nacional contra el hambre en México, anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

La desigualdad, la pobreza y el hambre están relacionados con la falta de ingresos que impide adquirir o satisfacer las necesidades básicas; pero también con el hecho de cómo incrementar el salario de la población, señaló el investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco.

El docente criticó la perspectiva de la cruzada nacional contra el hambre porque en la misma está ausente cualquier referencia de desigualdad y su aumento en los últimos años, como resultado de la política económica que el Estado mexicano ha seguido y que se ha mantenido de manera continua por los gobiernos priistas y panistas desde la década de los 90.

El sistema nacional contra el hambre, hasta ahora un decreto, un discurso y un acto político al mejor estilo priista, pareciera ser la continuidad de políticas económicas y fiscales implementadas en el pasado, de corte asistencialista, que privilegian a sectores de mayores ingresos.

La verdadera solución al problema del hambre sería elaborar una estrategia redistributiva que incluya la política económica y fiscal, expresó el profesor del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM.

Nadie podría estar en desacuerdo con los objetivos que plantea el programa, dijo, pues pretende eliminar la desnutrición aguda, elevar los ingresos y la producción de alimentos de los campesinos, entre otras acciones; sin embargo, desde el decreto mismo en el discurso y el acto político se identifican una serie de elementos que es necesario cuestionar.

La propuesta es ambiciosa, pero paradójicamente limitada, pues habla de 7.4 millones de personas como destinatarios, cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubican a 13 millones en situación de pobreza extrema, aseveró.

Limitada también es su operación, ya que fluirá con los recursos previamente asignados a las dependencias, con presupuestos del año pasado. En el ámbito de la producción, advirtió, es necesario que aclare de qué manera se incrementará la misma, así como con qué infraestructura, capacidad, personal y esquemas de financiamiento harán llegar los recursos a las regiones más pobres y aisladas, cuando en los últimos años se han desmantelado los sistemas de apoyo y capacitación.

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