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Pablo Gómez: El llamado Pacto por México no es un pacto ni es por México

El llamado Pacto por México no es un pacto ni es por México, lo cual no le quita importancia pero no es lo que se anuncia. Por primera vez, los partidos políticos llegan a algunos acuerdos sobre varios temas. Antes, era el Ejecutivo con las estructuras corporativas o con partidos pero sólo para temas muy concretos. Ahora, se ha hecho un listado de problemas aunque con pocas propuestas concretas. Ya es un acuerdo señalar la temática aunque ésta sigue incompleta.

El tal pacto tiene algunos aspectos inconstitucionales en materia de energía. Se trata de la competencia en gasolina y petroquímica (básica), así como en materia de inversiones (sin exclusión de las privadas) en el área de energía sin precisar cuáles sectores. El PRD tampoco debió firmar la expedición de un código penal único para todo el país, con lo cual se limitarían aún más las potestades legislativas de las entidades federativas y se atropellaría el derecho de las mismas a defender libertades y proteger derechos, como se ha hecho en la ciudad de México.

La mayoría de los compromisos son inexactos y muchas veces acusan la forma de elementos para señalar los pendientes legislativos. En materia social no hay nuevos derechos universales y las reformas propuestas se encuentran limitadas a la realización de una reforma fiscal que tampoco se precisa.

El acuerdo será en los próximos meses o años la arena de la disputa entre quienes lo firmaron, lo cual es ya un buen comienzo para organizar esa misma lucha. En cuanto a lo más importante, lo que no está en el pacto, cada quien se tratará de colgar de éste para impulsar sus puntos no negociados hasta ahora. No existe siquiera, por ejemplo, un enunciado sobre política salarial, lo cual permite a las partes comportarse como quieran en este aspecto tan decisorio.

Cada partido y el gobierno tendrán la oportunidad de ir definiendo sus reservas interpretativas en cada uno de los compromisos y en el calendario aprobado. Además, en el organismo rector habrá ocasión para que los partidos, como tales, realicen negociaciones. Esto último será positivo en la medida en que lo negociado no esté bajo el perverso sistema por el cual lo que una cámara aprueba la otra congela cuando los partidos que votan a favor se arrepienten en el tránsito bicameral o cambian las relaciones internas de fuerza. Existen más de 200 minutas congeladas de una y otra cámaras, lo cual es estrictamente inconstitucional, unas pocas de las cuales se encuentran señaladas en el llamado pacto pero sin definir contenidos.

Ahora bien, el método de negociación y aprobación del acuerdo fue notoriamente autoritario y antidemocrático. La secrecía de las negociaciones y sus resultados es inaceptable desde el punto de vista de los estatutos de los partidos firmantes y del derecho de la ciudadanía a conocer y opinar sobre todo lo que le concierne.

Si el Consejo Rector se va a comportar como los negociadores del pacto, entonces las cosas no van a ir ni rápido ni bien. El país ya no admite el método político de relaciones secretas, impuesto por el PRI hace muchas décadas y admitido siempre por el PAN. No, no se trata de un asunto de forma, sino de contenido. Si los acuerdos se basan en la reserva, la gente no puede opinar hasta que todo es ya un hecho consumado que le va a afectar de alguna manera. El proceso político debe ser abierto como método: así se han formado las democracias.

Si los partidos están conscientes de que ha llegado la hora de su interlocución como tales y que sus grupos parlamentarios lo son del partido, entonces sus acuerdos deben ser precisos y la confección de los mismos debe ser pública. También, si el gobierno va a ser la expresión de un partido y no de una persona, el presidente de la República, entonces que las cosas se hagan de conformidad con la política, la cual es pública o no es política.

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