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Foro Migraciones presenta su balance sobre el contexto migratorio y la agenda pendiente para la nueva administración

Foro Migraciones

Durante la administración de Felipe Calderón se ha vivido una violencia sin precedente hacia la población migrante en tránsito por México y hacia las defensoras y defensores de derechos humanos.
La corrupción, complicidad e impunidad han favorecido las violaciones atroces a los derechos humanos de la población migrante en tránsito por México.
Las políticas migratorias restrictivas no resuelven el tema de la seguridad nacional, por el contrario, favorecen una mayor situación de vulnerabilidad, riesgos y/o incremento del número de muertes de la población migrante.
En el marco de su 2a Asamblea Ordinaria 2012, el Foro Migraciones manifiesta su preocupación por el contexto sin precedente de violencia hacia las personas migrantes que transitan y residen en nuestro territorio (especificamente quienes se encuentran en situación indocumentada). Violencia favorecida por la corrupción, complicidad e impunidad que impera en el país. El gobierno señala y resalta la responsabilidad del crimen organizado en la violencia hacia la población migrante, ignorando que es el Estado el principal responsable de esa violencia por acción u omisión.

Mayores controles y restricciones migratorias han orillado a que los flujos migratorios utilicen rutas más inseguras y violentas, donde en ocasiones no hay mínima infraestuctura de apoyo, la corrupción y colusión entre funcionarios de gobierno y organizaciones delictivas han convertido a la población migrante indocumentada en mercancía para el crimen organizado y sus múltiples actividades delincuenciales, las autoridades han propiciado acciones de discriminación y xenofobia entre la población mexicana, así como de hostigamiento y criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y a casas y albergues donde se brinda apoyo a esta población.

Dicha política de control encontró su cúspide más violenta con la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y el posterior hallazgo de 47 fosas clandestinas en el mismo lugar. Esta violencia no empezó en Tamaulipas, inició mucho antes y desafortunadamente persiste. México se ha convertido en un enorme cementerio de migrantes y el gobierno ha demostrado su incapacidad de garantizar atención, seguridad y justicia a las víctimas, sus familias y defensores.

En el sexenio de Calderón la violencia y acoso contra las casas y albergues de migrantes, que brindan apoyo humanitario a lo largo de la ruta migratoria mexicana, sufrieron una persecución institucional y de algunos sectores de la población, obligándolos a realizar cierres definitivos o “reubicaciones” para poder continuar con la importante e invaluable labor de ayuda humanitaria que realizan.

Misma situación sufrió el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes tampoco contaron con el reconocimiento y seguridad que les permitiera seguir realizando la labor de defensa y promoción de los derechos de esta población, teniendo que trabajar bajo constantes amenazas de muerte y violencia. Se cuenta con un número amplio de registros de amenazas e intimidación en casas de migrantes y albergues en el interior de la República, incluso tienen recomendaciones de medidas cautelares por el Sistema Interamericano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, mismas que no han sido cumplidas a cabalidad por el gobierno.

La administración de Calderón deja un saldo rojo respecto a la garantía y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito, lamentamos que no se hayan abierto espacios permanentes de interlocución con la sociedad civil que trabajamos directamente en este tema. Condenamos la simulación de diálogo con la que se intentó legitimar ante la opinión pública los procesos de elaboración de la Ley de Migración y su reglamento. .

Dicha situación ha tenido como resultado que estos marcos, aunque representen un avance en el reconocimiento de los derechos de esta población migrante en general, como es la Ley de Migración y su Reglamento, en el fondo no signifiquen cambios sustantivos en la vida de las personas migrantes que se encuentran en tránsito o radicando en el país de manera indocumentada, por el contrario, esta población continua siendo tratada con un alto nivel de discrecionalidad, víctima de violencia generalizada, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento por parte del crimen organizado, entre otras atrocidades, debido a que continúa ubicándose a la política de migración como un tema solamente relacionado con la seguridad nacional y no como un tema social y de desarrollo.

Quedó pendiente la legislación sobre los mexicanos en el exterior. La política exterior del Presidente Calderón estuvo siempre encaminada a la consecución del objetivo principal de su administración: “seguridad nacional” y combate al narcotráfico. El gobierno no logró ninguna acción concreta para avanzar en la promoción de una reforma migratoria integral de protección y defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Actualmente se tienen problemas graves relacionados con: los crecientes retornos y/o deportación de migrantes mexicanos e implementación de programas que provocan la separación familiar y perdida de bienes, , deficientes programas de trabajadores temporales que favorecen la violación de los derechos laborales, ausencia de programas para la inserción social, laboral y cultural de mexicanos en EE.UU.

Por estos motivos el Foro Migraciones solicita a la nueva administración de Enrique Peña Nieto, que atienda de manera urgente la agenda pendiente en torno al tema migratorio en los siguientes puntos:

Abrir un espacio de interlocución permanente con la sociedad civil para discutir temas relacionados al fenómeno migratorio.
Crear una verdadera política migratoria integral que garantice y proteja a la población migrante que transita y reside en México, así como a las y los defensores de sus derechos.
Hacer una clara difusión de la ley y su reglamento, asi como los criterios que guiaran su aplicación. A fin de dar operatividad, transparencia y disminuir la discrecionalidad con la que la autoridad migratoria puede aplicar la Ley.
Garantizar el seguimiento a los casos de migrantes centroamericanos no localizados en México y atender las necesidades de los familiares como parte de la reparación del daño.
Generar políticas públicas encaminadas a mitigar el impacto de la migración en la vida de las mujeres, como parte de las reformas a la Ley de Migración.
Apoyar las iniciativas de reforma a la Ley de Migración que se encuentran en el Congreso de la Unión.
Establecer una comisión internacional que abarque la región Norte y de Centroamérica para recomendar políticas de desarrollo regional y favorecer la corresponsabilidad. Crear los mecanismos necesarios para la adecuada protección a defensores y defensoras de derechos humanos que integren medidas de prevención, protección, seguridad e investigación.
Integrar el tema de los mexicanos en el exterior dentro de la normativa migratoria, garantizando y promoviendo los derechos humanos de esta población.
Implementar políticas de recepción, de identificación y de integración de los deportados mexicanos para su inserción en el país en vista de que recuperen su identidad nacional.
Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por los diferentes organismos internacionales de derechos humanos y publicar información clara y periódica sobre el avance en el cumplimiento de dichos compromisos.
4 de octubre de 2012

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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