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Reforma Laboral atraco a los trabajadores

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  • CNDH debe intervenir en reforma laboral por violación a los derechos humanos
  • Juristas convocan a los trabajadores a movilizarse antes que a tribunales
  • Apoyemos la propuesta de la formación de un comité de defensa proletaria

Por: Eduardo Miranda Esquivel,
Vocero de la Unión de Juristas de México
y ex Procurador General de la Defensa del Trabajo del DF
Celular 044553731-9665 unionjuristas@hotmail.com

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2012

De aprobarse definitivamente en el Senado la reforma laboral flexible aprobada por los diputados, se cancelará de facto el artículo 123 constitucional, aunque su texto permanezca inalterable, al cambiar y desaparecer de la Ley Federal del Trabajo, importantes derechos adquiridos de las y los trabajadores, conquistados en más de un siglo de lucha.

En una contundente alianza de los nuevos diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL contra las y los trabajadores de México, éste 28 de septiembre, se aprobó una reforma que implanta un nuevo sistema de relaciones laborales en beneficio de los grandes capitalistas, sobre todo extranjeros, y en perjuicio de más de 50 millones de trabajadores, micro, pequeños y medianos empresarios.

La reforma aprobada elimina la estabilidad en el empleo con el establecimiento de nuevas formas de contratación, legaliza los outsourcing (autorizando el comercio del trabajo), la jornada laboral fraccionada y el pago por horas, lo cual perjudicará aún más la seguridad social, además de facilitar el despido de trabajadores, reducir los gastos patronales en los juicios y garantizar la permanencia del charrismo sindical.

Calderón se va como inició su gobierno, destruyendo el orden constitucional y los derechos laborales, al promover una reforma que despoja a la población del empleo digno con estabilidad laboral y salario suficiente, como lo hizo en 2007, al originar la reforma a la Ley del ISSSTE, la cual ha sido un fracaso total para sanear las finanzas del Instituto y mejorar las pensiones y los servicios médicos.

Así por ejemplo, el gobierno de Calderón al concluir su cargo dejará alrededor de 2.4 millones de desempleados; 7.8 millones de jóvenes sin oportunidades de estudio ni empleo; y más de 24 millones de trabajadores sin prestaciones, por ello, fraccionar el pago del salario mínimo de 62.33 pesos, es un crimen, cuando cerca de 4 millones de trabajadores viven de propinas y otros 4 de un salario mínimo diario.

Es decir que, el “presidente del empleo” obtuvo en 6 años, casi un millón más de desempleados, un déficit de 4.5 millones de empleos y una caída adquisitiva del salario de 43.1 por ciento, aumentando las personas que ganan entre 1 y hasta 3 salarios mínimos y las que ganaban más de 3 disminuyeron. Por ello, los nuevos legisladores y el presidente electo Peña Nieto, impuesto por el Tribunal Electoral, debe considerar que una reforma de este tipo abonará a la inequidad y la crisis durante años.

En nuestra opinión jurídica, La CNDH está obligada intervenir de oficio en el estudio, debate y dictamen sobre la constitucionalidad y procedencia de la reforma laboral al advertirse del contenido del dictamen aprobado por los diputados el 28 de septiembre pasado, una clara violación a los derechos humanos laborales, previstos en el orden constitucional mexicano y en los tratados internacionales de la OIT, así como, en los artículos 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

En situaciones como ésta las acciones políticas y la movilización social son las determinantes para impedir y revertir la reforma laboral reaccionaria y el atraco a los trabajadores frente al uso abusivo del poder y la impartición de justicia por consigna, aunque jurídicamente pueden y deben explorarse en su momento, los amparos, la acción de inconstitucionalidad y la queja ante los organismos internacionales.

Por lo anterior, la Unión de Juristas de México apela a la movilización social como única alternativa inmediata para impedir la reforma laboral y exigir el respeto a los derechos laborales, para lo cual exhortamos a todas y todos a hacer tanto y cuanto sea posible para la defensa de nuestros derechos laborales y sociales y los de nuestro pueblo.

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