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La sentencia y el dictamen del Tribunal Electoral: una burla

Expedientenoticias.com

3 de septiembre de 2012

Jorge Gómez Naredo
jorge_naredo@yahoo.com
@jgnaredo

El jueves y el viernes pasados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), primero desestimó todos las pruebas y argumentos que había planteado la colación Movimiento Progresista en un juicio de inconformidad, y después, le dio validez a la elección, otorgando, además, la constancia de presidente electo a Enrique Peña Nieto. Algunas de las consideraciones del TEPJF fueron:
De la sentencia del juicio presentado por Movimiento Progresista (nombrado SUP-JIN-359/2012), el cual consta de 1346 cuartillas, se pueden leer pasajes como éste:

las facultades directivas del juez para allegarse de medios probatorios, en los casos en que los existentes no le produzcan la convicción suficiente para resolver el asunto y siempre que ello no constituya obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, no supone la obligación de perfeccionar el material probatorio aportado por las partes, así como tampoco proveer sobre hechos no alegados por éstas, esto es la facultad de allegarse de la información necesaria para resolver correctamente debe hacerse sin romper el equilibrio en las posiciones que tienen las partes en el proceso y sin eximirlas de las cargas probatorias que la ley les impone.

Es decir, desde ya, en las primeras páginas de la sentencia, los magistrados establecieron que ellos no moverían un dedo por investigar, o mandar investigar, o pedir alguna información a una institución para obtener un mejor veredicto. Ellos se subieron en la idea: “si los quejosos no prueban, pues ahí se termina todo”.
Los magistrados se olvidaron que el juicio no era entre particulares y no afectaba a un minúsculo grupo de personas, sino que los afectados éramos todos los mexicanos, pues ahí estaba, en sus sentencia, parte de la estabilidad, credibilidad y viabilidad de un sistema electoral equitativo.
Los magistrados decidieron cerrar los ojos. Y no mover ni un solo dedo.
En la misma sentencia, y para desestimar la “compra de votos”, mencionan los magistrados:

bajo el velo del voto secreto, la conducta de los votantes está protegida de cualquier inspección o intromisión directa.

Es decir, como el voto es secreto, y la persona cuando está en la casilla hace lo que le venga en gana, no pudo haber compra de sufragios. Este argumento o es ingenuidad (algo muy poco probable), o es acomodar todo para que Enrique Peña Nieto y el PRI no fueran tocados ni con el pétalo de una irregularidad.
En la sentencia para declarar la validez de la elección, o también llamada dictamen del cómputo final, los magistrados indicaron que nada valió, que las elecciones fueron casi perfectas, o perfectas. A continuación sus argumentos para desestimar todo tipo de pruebas:

No se acreditaron las irregularidades denunciadas, pues como se constata, se respetaron a cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en toda elección de carácter democrática.
En efecto, por lo que hace a la supuesta compra y coacción del voto con la entrega de tarjetas de una tienda de autoservicio, no se demostró que hubieran sido entregadas para coaccionar a los electores, de ahí que no es posible sostener que la voluntad de los electores fue sustituida por una presunta compra y coacción del voto.
Por otra parte, tampoco se transgredió el principio de elecciones auténticas y libres con la difusión de encuestas durante el periodo de la campaña electoral. Ello, porque no quedó demostrado que las difundidas en radio, televisión y medios impresos tuvieran errores metodológicos, presentaran un sesgo en su realización o estuvieran manipuladas con el propósito de posicionar al candidato presidencial postulado por la coalición “Compromiso por México”.
En consonancia, tampoco se acreditó la realización de acciones encaminadas a promover al citado candidato en los Estados Unidos de América con recursos de procedencia indebida, pues no se comprobó que se haya hecho pago alguno o formalizado algún convenio para esos fines.
Igualmente, no se probó la existencia de un esquema ilegal de financiamiento paralelo destinado a la compra y coacción del voto, ya que las operaciones mediante tarjetas de prepago, tuvieron como destinatarios a delegados y representantes del Partido Revolucionario Institucional, y por finalidad, retribuirles por los servicios prestados al señalado instituto político. Asimismo, no se demostró la existencia de financiamiento prohibido, ni el uso de recursos para influir en la expresión libre de la voluntad del electorado.
En lo que hace a que existió coacción y compra del voto, antes y durante la jornada electoral, debe decirse que no quedó acreditado que la coalición “Compromiso por México”, hubiera incurrido en esas acciones.

Y terminan los magistrados el dictamen, ya muy llenos de alegría, contentísimos:

En efecto, de todo lo antes expuesto, se puede concluir que en el procedimiento electoral federal dos mil once – dos mil doce, prevalecieron los principios y valores constitucionales en materia electoral, como son los derechos fundamentales a votar y ser votado; el de acceso de los ciudadanos, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas del país; el de elecciones libres, auténticas y periódicas; de sufragio universal, libre, secreto y directo; de maximización de la libertad de expresión, y del derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones.

No pues nadie vio, nadie escuchó, y todo lo que pasó fue un sueño: todas las irregularidades que cientos de miles de personas observaron en el pasado proceso electoral, no fueron. O quizá sí fueron, pero quimeras, ideas que se les metieron a la gente: ideas falsas.
El TEPJF decidió que todos los que miraron coacción y compra de voto fueron engañados por su mente. En México, todo marcha sobre ruedas. Nadie es corrupto. Nadie comete irregularidades.
Si esto no es una burla, entonces, ¿qué es?

Fuente Proyecto Diez

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