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Ineficaces en México los resultados de estudios en impacto ambiental

6 de septiembre de 2012

*De acuerdo con una consulta, no garantizan la minimización de los problemas ambientales del país

*Se carece de conocimiento suficiente sobre el daño acumulado de un ecosistema y cuánto es capaz de soportar

Aunque los estudios de impacto ambiental se realizan formalmente en México desde finales de la década de los 80, expertos en el tema consultados por el gobierno federal califican con cinco –en una escala del uno al 10– su eficacia para garantizar la minimización de los problemas ambientales del país, según el análisis sobre dicha consulta, realizado por el doctor Ángel Mercado Moraga, investigador del Departamento de Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en el Seminario-taller Gestión Urbana y Ordenamiento Territorial, retos y perspectivas para la Ciudad de México, que se lleva a cabo en la Casa Rafael Galván, centro de extensión universitaria de esta casa de estudios, el investigador de la Unidad Xochimilco señaló que el arranque formal del procedimiento de evaluación del impacto ambiental en México se registró en 1988, año en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental.

En ambos instrumentos se precisa qué obras o actividades deben contar con la autorización en la materia antes de su ejecución; sin embargo, advirtió, alrededor de 15 expertos consultados opinaron que “el instrumento no es eficaz ni expedito; no se garantiza en ninguna forma el cumplimiento de condicionantes, es discrecional y no hay seguimiento de los proyectos”.

Además, expuso el especialista en regeneración y rehabilitación urbana, existen serias lagunas regulatorias y se carece de conocimiento suficiente sobre la “capacidad de carga” de los ecosistemas, concepto que se refiere al daño acumulado de un ecosistema y cuánto es capaz de soportar.

Mercado Moraga comentó que la evaluación del impacto ambiental es un instrumento que tiende a relajarse “porque a veces ni a quienes promueven ni quien va a ejecutar la obra les conviene que el impacto sea veraz” y porque los particulares o el propio gobierno encuentran que algunas obras “no debieran ser objeto de impacto ambiental”.

De hecho, añadió, muchos estudios de impacto se hacen después de las obras y el porcentaje de propuestas rechazadas es muy bajo, lo que constituye un importante problema porque generalmente son alternadas medidas de mitigación y compensación del daño ambiental.

Estas formas de compensar, advirtió, son cada vez más cuestionadas en el mundo, “porque un árbol que se tira no se puede compensar con otro o con diez más; el árbol tiene una función y si se tira se pierde también una parte del ecosistema” y aunque un ejemplar sea sembrado en otro lado difícilmente éste se recupera.

Por otro lado indicó que en materia de impacto ambiental el problema mayor lo representa la corrupción abierta o incluso institucionalizada, lo que reduce la eficacia del instrumento.

Precisó que en el Distrito Federal uno de los problemas normativos radica en la escala de los proyectos porque si bien se exigen estudios de impacto urbano ambiental a partir de proyectos de vivienda –por ejemplo– que tengan más de 10 mil metros cuadrados, en tanto que proyectos que tengan menos de ese límite no requieren estudios.

Lo anterior muestra que el instrumento está mal concebido, ya que se aplica para una manzana donde habrá 500 viviendas, pero no si éstas se construyen en una zona pero en predios separados. “El impacto sigue siendo el mismo pero la ley no exige los estudios”, puntualizó.

En relación con la transparencia en la toma de decisiones sobre impacto ambiental destacó que actualmente un mismo proyecto puede ser evaluado de manera totalmente distinta en diferentes entidades federativas, por lo que es urgente trabajar en la elaboración de criterios homogéneos, así como en Normas Oficiales Mexicanas que den certeza técnica y jurídica.

Por otra parte resaltó la necesidad de establecer una relación estrecha entre distintos ámbitos de la autoridad, para alinear las diversas autorizaciones a las que se somete un mismo proyecto, ya que actualmente no hay transparencia respecto de autorizaciones de otros órganos jurisdiccionales y se desconocen los criterios para la emisión de estas autorizaciones.

El licenciado José Luis Martínez Durán, jefe del Departamento de Teoría y Análisis de la UAM, destacó la colaboración con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal en la organización de este seminario en el que se han tocado temas como la administración y planeación Urbana en el Distrito Federal, la participación social en el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable de la ciudad, entre otros.

El investigador apuntó que el objetivo central del seminario es generar un documento resultante con propuestas concretas en materia de ordenamiento territorial para que puedan ser consideradas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Fuente UAM

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