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La radiografía estatal del éxodo interno que vive el país por la violencia

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Este es un fragmento del texto completo que aparece en Cencos

Chihuahua

El Valle de Juárez, que rodea a la ciudad más violenta del mundo, cuenta con municipios donde la migración masiva es evidente, en las calles y en las cifras.

Según los datos del INEGI, Práxedis G. Guerrero, el municipio que se hizo célebre por tener de jefa de seguridad pública a Marisol Valles, una estudiante de criminología de 20 años, ha perdido 3 mil 715 habitantes. Muchos, como Marisol, se fueron a Estados Unidos.

Otro municipio azotado por el desplazamiento forzado es Guadalupe: hoy tiene 2 mil 690 habitantes menos que en 2005.

Rodolfo Rubio, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, asegura que la mayoría de los desplazados en el Valle de Juárez, donde se encuentran ambos municipios, se han trasladado a Ciudad Juárez, que también enfrenta un problema de desplazamiento forzado mayúsculo. Por eso en las cifras oficiales la población de esa ciudad no se ha reducido.

“El tipo de población que se ha movido es básicamente rural, con pocos recursos, como puede. También hay desplazamientos en las zonas serranas, pero ésos, como están lejos, son menos visibles”, dice el académico.

Con base en la última Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad de la ciudad, se calcula que alrededor de 230 mil personas han abandonado su hogar en Juárez, municipio de tradición migrante, a causa de la violencia.

La situación de la violencia en Juárez es tal que en el 2010 el gobierno de Veracruz ayudó a salir de la ciudad a más de 300 “juarochos”: veracruzanos que se habían trasladado allá desde hacía años para trabajar, dándoles el pasaje aéreo de retorno y becas para sus hijos. El gobierno de Fidel Herrera aseguró entonces que podían regresar más de 15 mil.

Otros municipios con migración por violencia asociada a falta de oportunidades laborales, de acuerdo con el investigador, son Madera (menos 2 mil 420 habitantes), Bocoyna (mil 141 habitantes menos), Maguarichi (menos 195), Temósachi (menos 108) y Matachí (menos 65). Otro municipio es guanahuiriachi, aunque oficialmente no ha perdido población.

Guerrero

En Puerto Las Ollas, en Coyuca de Catalán, existe hoy un poblado improvisado conformado por gente que huyó de la comunidad de La Laguna, del Ejido Los Huajes, en la tierra caliente guerrerense.

Según Raymundo Díaz, del Colectivo contra la Tortura -organización que ha monitoreado la situación-, actualmente 177 personas hacen su vida ahí como pueden, pues huyeron masivamente de la amenaza directa de los grupos del crimen organizado. La afrenta: impedir que talaran los árboles. Primero huyeron las mujeres y los niños, después los alcanzaron los hombres.

“En febrero de 2011 asesinaron a Rubén Santana, un líder natural en la zona, y en abril, justo el Domingo de Ramos, hubo otra emboscada, y asesinaron a un hijo de Santana y a otras dos personas más. La gente decidió salirse entre el 20 y el 21 de abril. Dejaron todo”, sostiene Díaz.

De acuerdo con el activista, el desplazamiento en esta zona tiene un tinte distinto al de otros lugares: el Ejército cataloga el territorio como de acción contrainsurgente, por lo que los desplazados son considerados enemigos lo mismo por los delincuentes que por los uniformados. Los casos de tortura son constantes.

Pero este caso no es el único en la región y, por cifras, no es el más grave. De acuerdo con el INEGI, Coyuca de Catalán no reporta pérdida de población. El foco rojo más brillante está en Zirándaro: mil 240 habitantes menos entre 2005 y 2010.

Los pobladores de ese municipio de tierra caliente no dudan en calificar la reducción de población como éxodo, por la llegada de La Familia a la zona junto con su régimen estricto de extorsiones. Cuentan incluso que un grupo de comuneros intentó defender sus tierras con armas de fuego, pero la insurrección no duró ni tres días. Los comuneros huyeron. Hoy los comercios están cerrados y la tierra ociosa.

Según pobladores, otros dos municipios en los que existe desplazamiento por la delincuencia organizada son Coahuayutla (que perdió 266 habitantes según el INEGI) y Pungarabato, que no ha perdido población de manera oficial. Sin embargo, quienes han visitado Ciudad Altamirano, su cabecera municipal, aseguran que el problema es evidente.

Existen también indicios de que en las zonas periféricas de ciudades grandes, como Acapulco y Zihuatanejo, la gente ha huido. Esto todavía no se refleja en cifras.

Michoacán

A finales de mayo del 2011, pobladores de El Chamizal, La Huída, Razo del Órgano, Eréndira, Santana, Pinzándaro, Vicente Guerrero, Catalina, Paredes y otros poblados comenzaron un desplazamiento masivo hacia albergues en las cabeceras municipales de Buenavista Tomatlán, Apatzingán y Tuzantla. Según estimaciones de autoridades locales, 2 mil 500 personas podrían haber huido de los enfrentamientos entre La Familia, Los Caballeros Templarios y la Policía Federal, que se tradujeron, el 28 de mayo del 2011, en el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que iba en apoyo de la PF.

Autoridades locales aseguran que esos albergues improvisados hoy están vacíos. Que las familias, la mayoría pobres y campesinas, regresaron a cuentagotas a sus hogares. Pero aceptan que el miedo persiste y los desplazamientos pueden darse en cualquier momento.

En Michoacán las cifras oficiales no dejan ver pérdidas importantes de población a nivel municipal, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no reporta desplazamientos. Sin embargo, el Consejo Estatal de Población reconoce que la violencia está entre las causas de la reducción de población en Coalcomán (menos 541 habitantes), Tumbiscatío (menos 473), Morelos (menos 434), Chucándiro (menos 350), Tzitzio (menos 228), Carácuaro (menos 125 habitantes) y Chinicuila (menos 72).
Activistas de derechos humanos aseguran que el problema también existe en Huetamo, Múgica y Churumuco.

Otros municipios, como Cherán, todavía resisten el embate de los delincuentes.

Nuevo León

El 25 de octubre de 2010, la comandancia de la policía municipal de Los Ramones fue rafagueada. Más de mil 200 cartuchos y seis granadas de fragmentación lanzadas en menos de 20 minutos a las instalaciones hicieron que los 14 agentes de la corporación renunciaran un día después. Eran los últimos policías municipales que quedaban en todos los municipios de la frontera nuevoleonesa con Tamaulipas.

Los Ramones es la alcaldía de esa zona que más población expulsó. Según cifras del INEGI, entre 2005 y 2010 perdió 868 habitantes. Autoridades municipales aseguran que el éxodo es aun mayor. Se unen a la lista Los Aldamas (menos 301 habitantes), General Treviño (menos 199), Melchor Ocampo (menos 190), Cerralvo (menos 154) y Agualeguas (menos 94), todos en territorio de disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Según José Juan Cervantes, especialista en violencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el éxodo en la zona se extiende hasta General Bravo, China y Anáhuac, aunque todavía no se reporte oficialmente pérdida de población en esos sitios.

Su experiencia le dice que otras zonas que han registrado un éxodo silencioso en la entidad son Santiago, Allende, Montemorelos y Linares, donde personas de clase media y alta que salieron de Monterrey años atrás buscando una vida campirana están regresando a la urbe por protección.

“A pesar de que aquí (en Monterrey) hay la matanza más fuerte, allá la inseguridad se huele, se percibe más en toda la zona citrícola. Hemos conocido gente de Santiago que ha preferido mudarse a San Pedro o a Monterrey. Es gente que puede desplazarse, que tiene recursos”, dice Cervantes en entrevista telefónica.

El investigador recalca que también muchos han dejado la Sultana del Norte, pero todavía no hay mediciones al respecto.

Tamaulipas

En noviembre de 2010, el país se enteró del drama que vivía Mier, municipio localizado en la frontera chica tamaulipeca, cuando alrededor de 300 de sus habitantes llegaron a la alcaldía vecina de Miguel Alemán pidiendo cobijo, pues Los Zetas habían amenazado con matar a todos los que se quedaran en el pueblo. También se unieron a la migración masiva pobladores de Guerrero y Valle Hermoso. Se instaló un albergue temporal para atenderlos.

Las autoridades aseguran que la mayoría de los desplazados regresaron a sus hogares días después, pero los datos del INEGI para 2010 confirman la migración en Mier, que tiene mil 777 habitantes menos que en 2005. Hoy la ciudad sigue solitaria, a pesar del patrullaje de las Fuerzas Armadas. Los municipios de Guerrero y Valle Hermoso no reportan pérdida de población.

En otra alcaldía, de manera desapercibida, se ha reducido la población con creces. Camargo, ubicada también en la frontera chica, ha expulsado a 2 mil 654 personas, según datos oficiales. Videos colgados en la red atestiguan la situación del municipio: camionetas incendiadas abandonadas en las carreteras y casquillos percutidos tirados en el piso por días, falta de luz, agua, teléfono…

Otra zona en la que se ha reportado migración forzada es San Fernando y su periferia. Tras la ejecución de 72 migrantes en agosto de 2010, y el hallazgo de fosas clandestinas después, se destapó la situación. En 2010, según el INEGI, había 536 habitantes menos en el municipio, y 173 ejecutados, según datos del SNSP.

De acuerdo con un académico, que prefiere omitir su nombre, otros municipios de los que puede comprobarse una reducción en su población en la zona aledaña a San Fernando por la violencia son Cruillas (menos 257 habitantes), Méndez (menos 255), Burgos (menos 193), Villagrán (menos 141) y San Nicolás (menos 13). También se han registrado movimientos en Jiménez, todavía no reflejados en las cifras oficiales.

Otros enclaves

El desplazamiento por la violencia se ha extendido a otros estados, aunque todavía no de manera tan dramática como en las entidades anteriores.

En Durango, habitantes de diversos poblados de los municipios de San Dimas, Mezquital, Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo han tenido que desplazarse a albergues de manera itinerante, pues los delincuentes han quemado sus casas y cosechas. Los ataques, según autoridades, han sido perpetrados por elementos de La Línea, el brazo armado del Cártel del Golfo.

Según estimaciones de autoridades locales, en la zona serrana hay por lo menos mil 500 desplazados.

Es el caso de alrededor de 300 habitantes de La Lagunita, El Coscate y El Campamento, en Pueblo Nuevo, que en septiembre pasado tuvieron que dejar sus casas y trasladarse a un albergue en la cabecera municipal después de tratar de hacerle frente a los delincuentes y ser derrotados.

Incluso, el 12 de diciembre de 2008, en Santa Gertrudis, en la alcaldía de San Dimas, delincuentes reunieron a todos los hombres en la plazoleta comunitaria, seleccionaron a seis, los hicieron correr frente a todos hacia una dirección y los mataron por la espalda. Los familiares de los muertos recibieron el ultimátum de dejar el pueblo en tres días. Así lo hicieron.

Ninguno de estos desplazamientos tiene sustento en cifras oficiales.

En Sonora, el paradigma de la migración forzada es el municipio de Tubutama, un verdadero pueblo fantasma. Las instalaciones de la policía y de la clínica están cerradas. La desolación en la cabecera es tal que el Congreso estatal decidió sesionar ahí el pasado 21 de junio. Aunque el pueblo luce totalmente deshabitado, el INEGI reporta sólo 16 personas menos viviendo ahí entre 2005 y 2010.

Otras alcaldías que sufren de desplazamiento forzado son Atil y Sáric. Según el censo, la primera cuenta con 109 habitantes menos; la segunda no reporta pérdida de población.

También en San Luis Potosí hay migrantes forzados. En el pueblo de Salitral de Carrera, municipio de Villa de Ramos, la gente ha comenzado a salir por los constantes enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Las cifras del INEGI no reflejan nada.

La única entidad que ha sufrido desplazamiento forzado por violencia antes de este sexenio ha sido Sinaloa, pero continúa hoy. Según Tomás Guevara, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, parte de la reducción de población en Badiraguato, Cosalá, Elota y San Ignacio, todos municipios serranos, puede atribuirse a la presencia de crimen organizado en la región. También se ha presentado abandono de comunidades en Sinaloa, Salvador Alvarado (Guamúchil) y Culiacán, pero su población no se ha reducido, según las cifras oficiales.
Sin embargo, la migración amenaza con expandirse.

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C

Voces de Paz

México D.F., 20 de agosto de 2012

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