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Segunda Comisión expresa rechazo a firma de ACTA por parte de gobierno mexicano

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La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Permanente aprobó un dictamen en el que se rechaza la firma del gobierno mexicano al Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), toda vez que no se respetó la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica y porque ese instrumento internacional vulnera el orden constitucional mexicano.

Se acordó citar a comparecer al secretario de Economía, Bruno Ferrari; al Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, José Rodrigo Roque Díaz, y a un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informen las razones por las que el gobierno suscribió ACTA, los términos en que lo firmó y el contexto del mismo.

Otro de los resolutivos aprobados expresa que el gobierno federal ignoró las conclusiones aprobadas por el Senado de la República para no signar este acuerdo y pide al Ejecutivo que realice las gestiones necesarias a fin de que, previamente a su ratificación, se establezca una reserva de México al ACTA a efecto de que no sea aplicable al país el artículo 27 de este ordenamiento, ni cualquier otra disposición que afecte derechos fundamentales.

También se aprobó un resolutivo en el que la Comisión Permanente reconoce la voluntad y el acuerdo entre naciones para preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y derechos de autor, pero considera que dichas acciones no deben dañar los derechos fundamentales de libertad de expresión, de prensa e información.

Al respecto, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, recordó que el Acuerdo Comercial Antifalsificación fue negociado en secreto y no se atendió la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica que establece que hay que informar al Senado de la República sobre los términos de los tratados comerciales que se discuten.

Consideró que es fundamental la comparecencia de los secretarios y del representante de la cancillería para conocer “qué tan poderosas razones tomó en consideración el Ejecutivo federal para poder firmar un tratado del cual había una oposición unánime del Senado”.

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