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Puede prevalecer la impunidad en el caso Ayotzinapa

Familiares de víctimas, comité estudianti de Ayotzinapa y OSC de DH

Señalan el riesgo de que prevalezca la impunidad
En un pronunciamiento conjunto, familiares de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ejecutados extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2011, el Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Red Guerrerense de Organismos Civiles y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, externamos nuestra extrema preocupación ante la posibilidad de que queden en la impunidad los homicidios de ambos normalistas debido al reciente otorgamiento de un amparo a favor de los dos policías ministeriales acusados de dichas violaciones de derechos humanos.

El día de ayer fuimos notificados en nuestro carácter de terceros perjudicados de la concesión de dicho amparo en virtud de la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, que ordena al Juez Penal de Primera Instancia dictar un nuevo auto en el que determine la situación jurídica de los acusados respecto de su liberación o su sujeción a proceso. Lo anterior significa que el Lic. Leoncio Molina Mercado, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, deberá resolver de nueva cuenta si los dos policías ministeriales permanecen en prisión para ser juzgados o si, por el contrario, recuperan su libertad.

Por ello, hacemos un llamado enérgico para que la nueva resolución que dicte el Juez tome en cuenta las múltiples pruebas que obran en el expediente, mismas que son coincidentes en apuntar a la responsabilidad de ambos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE)en la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis y Gabriel. Dichas pruebas se robustecen con la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyas conclusiones quedaron establecidas en la Recomendación 1VG/2012, donde se señala que ambos normalistas fueron privados de la vida por armas disparadas en el lugar donde se encontraban los policías detenidos. Dada la importancia de esta prueba, la PGJE debe aportar al expediente dicha documental pública a través del Ministerio Público adscrito al juzgado en aras de cumplir con su obligación de investigar con debida diligencia las violaciones graves a los derechos humanos. Ante el cúmulo de pruebas existentes, el Juez está obligado a dictar un nuevo auto de formal prisión.

De lo contrario, quedaría comprobado que con la investigación realizada, personal de la Procuraduría habría buscado deliberadamente llevar el proceso a este punto, en el que la Justicia Federal ya constató la deficiente actuación de las autoridades guerrerenses, a efecto de consolidar la impunidad. A ello apunta el que la Procuraduría defienda públicamente a los funcionarios de esa dependencia que han sido procesados, incluso más allá de sus facultades legales, y que en contrapartida no impulse con la misma decisión el juzgamiento de los dos policías ministeriales acusados de la muerte de Jorge Alexis y Gabriel.

Los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, destacamos que en el caso Ayotzinapa no se ha procurado justicia a cabalidad, puesto que solamente dos funcionarios públicos fueron acusados penalmente por los delitos y las violaciones graves a derechos humanos cometidas en contra de los normalistas, quedando impunes las detenciones arbitrarias y torturas cometidas en contra de varios estudiantes. Más aun, las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PRG) han enturbiado aun más la situación, pues el Ministerio Público Federal ha acusado a funcionarios de la procuraduría guerrerense no por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los estudiantes, sino por haber liberado a los jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente, convalidando con ello la actuación irregular de los funcionarios estatales y sentando las bases para la criminalización de los estudiantes.

Ante este panorama, frente al riesgo de que se consolide la impunidad y de que la situación se agrave con la criminalización de las víctimas, denunciamos nuevamente que si las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011 en perjuicio de los normalistas no son sancionadas, el Gobierno del Estado de Guerrero encabezado por Ángel Aguirre Rivero estará demostrando que protege no sólo a los violadores de derechos humanos, sino incluso al grupo que de facto mantuvo por años el control de la Procuraduría en connivencia con intereses delincuenciales. Más aun, de ser excarcelados los responsables, quedará acreditada la parcialidad de las instancias de procuración e impartición de justicia y se mantendrá en riesgo a las víctimas, sus familiares, sus defensores y testigos

Por ello, y ante el clima adverso que ha prevalecido durante la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011, responsabilizamos al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de cualquier acto de agresión u hostigamiento que pueda perpetrarse en contra de los familiares, los estudiantes y en contra quienes integran las organizaciones de derechos humanos que les acompañan por exigir la sanción de los policías ministeriales responsables y, en general, por demandar justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas el 12 de diciembre.

Las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los normalistas de Ayotzinapa evidenciaron la situación de derechos humanos que enfrenta el estado. La impunidad, de prevalecer, evidenciará a posteridad la brecha entre el discurso y la práctica del presente gobierno. Por ello, los familiares de las víctimas, los normalistas y los organismos de derechos humanos en breve impulsaremos nuevas acciones para demandar justicia y acudiremos a las instancias internacionales competentes si se consolida la impunidad.

Para mayor información y entrevistas:

Román Hernández-Atziri Ávila
Área de Comunicación Tlachinollan
Tel: 01 (757) 476 37 04- 476 12 20
Fax: 01 (757) 476 1200
Celular: (045) 757 106 6095
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Correo: tlachinollan.difusion@gmail.com, cdhm@tlachinollan.org
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Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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