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Pablo Gómez: Lavado y ¿planchado?

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Ya se sabe que todo el dinero sucio en una campaña electoral tiene que ser lavado de alguna manera y también se sabe que los lavadores esperan llegar a la fase de planchado que tiene dos etapas: que el gasto ilícito cumpla su objetivo y que la justicia duerma.

Usar empresas, fantasmas o no, para hacer depósitos bancarios y comerciales y distribuir el gasto con tarjetas u otros instrumentos de pago parecía ser la forma moderna de canalizar recursos ilícitos hacia la campaña del PRI. La técnica usada tenía que ocultar el origen del dinero pero también el destino del mismo. En el año 2000, el Pemexgate tuvo un error de diseño: los cheques salieron de Pemex hacia el sindicato, éste giró otros cheques y el banco los pagó en efectivo, el cual llegó a la caja del PRI. Era relativamente sencillo seguir la pista si la autoridad tenía deseos de hacerlo. Quizá por ésa y otras muchas experiencias, la vieja técnica fue sustituida por otra aparentemente más segura: dinero sucio desde empresas desconocidas hacia instituciones de servicios financieros o comerciales para ser distribuido mediante goteo controlado.

Los bancos tienen obligación de identificar plenamente a sus clientes. Los depositantes de Monex debieron ser reconocidos con suficiencia por esa institución pero violaron esa regla y, ahora, algunos de ellos no aparecen. Se trata de prepagos operados mediante tarjetas, la gran idea para eludir la ley sin dejar huella y, también, sin manejar billetes que acusan el defecto de tener que ser recogidos en los bancos.

¿De dónde salieron los dineros depositados en Monex y también en Soriana? Eso lo saben sólo los dirigentes de la operación y probablemente Peña y sus colaboradores cercanos. ¿Cuánto dinero fue el total de las inversiones en este rubro. No se sabe, pero no parece ser poca cosa.

Si el dinero hubiera sido legal y su origen y destino, lícitos, entonces no habría el menor problema y todo habría sido aclarado desde el principio. Pero no fue así. Ningún partido está autorizado a repartir tarjetas de débito a sus colaboradores sin la firma de éstos en una forma especial, impresa y foliada, donde consten los datos de la persona que recibe la recompensa: esa es la norma del IFE. Pero todo ese dinero no pasó por la contabilidad del PRI pues, si así hubiera sido, no existirían las operaciones con empresas intermediarias ya que la ley las prohíbe.

Pero aquí entra el discurso de los 50 millones de votos que no pudieron ser comprados. Nadie ha hablado de eso. Se denuncia que un partido y su candidato usaron recursos ilícitos y compraron votos. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos votos? Quizá no sea posible precisarlo, pero lo que está frente a nuestros ojos es el carácter delincuencial de una campaña electoral, la de un partido en concreto y la de un candidato en lo individual. Y esta es la materia de la autoridad electoral.

Da risa el informe presentado por el IFE al Tribunal Electoral: no se puede afirmar, dice, que las operaciones con Monex y Soriana hayan tenido que ver con la elección. No, de seguro tenían que ver con la Navidad. La autoridad electoral tiene la obligación de investigar y obtener las pruebas de lo que investigue. Quien presenta la queja no es autoridad, no tiene obligación alguna de reunir las evidencias porque, además, carece de los medios idóneos. Sólo las autoridades tienen capacidad legal para hacer investigaciones. No se le pida a quien presenta inconformidades que haga lo que por obligación es función de la autoridad.

Pero se apuesta a que las evidencias del dinero ilícito, el rebase de tope de campaña y la compra de votos, salgan a la luz después de la calificación de la elección y la toma de posesión. Así ocurrió con Los Amigos de Fox, luego de lo cual el ya presidente de la República ordenó a la Fepade el no ejercicio de la acción penal mientras el IFE, habiendo eludido el secreto bancario, sancionó al PAN y al llamado Partido Verde con una multa millonaria. Ahí quedó todo. Se lavó y se planchó.

Fuente http://pablogomez.org/

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