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Exigen no ratificar ACTA por considerar que vulnera libertades consagradas en la Constitución

Conferencia de prensa del senador del PRD, Javier Castellón Fonseca, acompañado por integrantes de empresas de empresas de telecomunicaciones, usuarios de internet y activistas, para anunciar la presentación de un punto de acuerdo relativo al Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA).

Francisco Javier Castellón Fonseca (FJCF). Estimadas compañeras y compañeros de los medios, gracias por estar aquí en esta conferencia de prensa sobre el tema ACTA, que es un tema que comentaba yo con mis compañeros que hoy están aquí conmigo, parecería que era ya un tema agotado en nuestro país, en la política pública de nuestro país.

Sin embargo, México es un país lleno de sorpresas y como ustedes saben muy bien, la semana pasada el gobierno de México acordó, más bien no acordó, decidió firmar el acuerdo del Tratado Comercial Anti Falsificación, denominado ACTA.

Por esa razón quienes hoy nos reunimos acá queremos dar no solamente nuestras opiniones, sino también comentar a partir de la labor legislativa, pero también de la labor social y sobre todo en las redes, qué y cuáles son los caminos a seguir para poder sostener el acuerdo a que el Senado de la República llegó en septiembre de 2011 de no ratificación al Tratado Comercial ACTA por todos sus implicaciones.

Y, por supuesto, solicitar a los siguientes legisladores sostener este acuerdo.

Yo quisiera, por la importancia de las personas que están aquí conmigo, pedirles que se presenten personalmente a cada quien para que ustedes tengan una idea no solamente de la pluralidad, sino también de lo amplio de quienes hoy están aquí con nosotros.

Le pediría, entonces, a Emilio, que comenzara con la presentación de todos los que estamos aquí y continuaremos con la conferencia de prensa.

Emilio Saldaña (ES). Gracias, senador.

Mi nombre es Emilio Saldaña y soy empresario dedicado a la integración de servicios en Internet por más de 15 años y participante de la AMESOL, la Asociación Mexicana Empresaria de Software Libre. Muchas gracias.

Óscar Mondragón (OM). Yo soy Óscar Mondragón, soy emprendedor de Internet, también por más de 15 años y… gracias.

Daniel Gershenson (DG). Soy Daniel Gersenson, soy emprendedor social, mi cuenta en Twitter como muchos colegas que se acaban de presentar, somos twitteros, participantes activos en redes sociales, mi cuenta en Twitter es @alconsumidor y, bueno, pues le paso el micrófono a Chucho.

Jesús Robles Maloof (JRM). Soy Jesús Robles Malof, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de Propuesta Cívica, y defensor de la libertad del Internet. Le paso acá atrás el micrófono.

Luis Fernando García (LFG). Soy Luis Fernando García, soy abogado en derechos humanos.

Rogelio Garza (RG). Soy Rogelio Garza, director general de la CANIETTI, Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

José Luis Chiquete (JLC). Qué tal, soy José Luis Chiquete, tesorero de la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre y de la rama de medios interactivos de CANACINTRA.

León Felipe Sánchez (LFS). Buenos días, yo soy León Felipe Sánchez, soy catedrático de la UNAM y vengo en representación de la Internet Society, Capítulo México (inaudible).

Gonzalo Rojón (GR). Buenas tardes, soy Gonzalo Rojón y soy director de análisis de The Competity Inteligent (inaudible).

Ernesto Piedras (EP). – Gracias, soy Ernesto Piedras, parte del equipo del The Competity Inteliget Unity, donde analizamos mercados y regulación de telecomunicaciones, desde la plataforma y el grupo de nomismae hacemos análisis de industrias culturales y creativas.

Y personalmente soy académico del ITAM desde 1997, de la UdeG desde hace seis años y de la UNAM desde hace dos años.

Julio César Vega (JCV). Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet (inaudible).

Carlos Patiño (CP). Carlos Patiño, secretario técnico de la Comisión de Acceso Digital en la Cámara de Diputados.

Javier Alart (JA). Javier Alart, director general de AMITI, Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información.

Luis García (LG). Qué tal, soy Luis García, director general de COMPETIVE Latinoamérica, soy empresario. Nos dedicamos a ayudar a los sectores de gobierno a hacer planes país para el desarrollo del sector de tecnologías. Muchas gracias.

Antonio Martínez Velázquez (AMV). Buenos días, mi nombre es Antonio Martínez Velázquez, y soy oficial de comunicación de Artículo 19 para México y Centroamérica, la asociación global de defensa a la libertad de expresión y derecho a la información. Muchas gracias.

FJCF. Muy bien, pues como ustedes ven, compañeras y compañeros de los medios, la mesa de hoy es muy amplia.

Quienes hoy me acompañan son empresarios de las ramas de las tecnologías de la información y la comunicación. Son activistas sociales, son académicos, son defensores de derechos humanos que finalmente habían estado con nosotros en todos los foros o la mayoría de los foros que el grupo de trabajo sobre ACTA realizó durante prácticamente todo el año 2011 y que, como ya les comenté, había llegado a la conclusión de solicitarle al gobierno federal mexicano la no ratificación, más bien la no firma del acuerdo comercial y que en su momento el Senado de la República no ratificaría de ser firmado este acuerdo.

Sin embargo, la semana pasada el embajador de México en Japón, como representante del gobierno de México firmó, signó el Tratado Comercial Anti Falsificación ACTA y con ello generó obviamente los compromisos que nuestro país está planteando dentro del propio acuerdo.

Obviamente esta firma no tendrá validez jurídica, al menos en términos de la legislación mexicana, hasta que sea ratificada por el Senado de la República.

La firma del Tratado Comercial ACTA en estas fechas, ya cuando la legislatura actual, la LXI Legislatura está por salir, estamos a prácticamente un mes y días de terminar nuestra gestión, y en el inicio de la próxima legislatura, a su servidor, y lo he dicho en diversos medios, le suena algo así como tener una carta de negociación con el siguiente, la siguiente legislatura para poder al menos resolver temas de la agenda.

El gobierno decidió firmar ACTA partiendo del principio, de dos principios clásicos. El primero de ellos es ni los veo ni los oigo, porque ni vio ni oyó a quienes habíamos participado en las discusiones no solamente dentro del Senado, sino fuera de él, y ni vio ni oyó al Senado de la República.

Y el otro principio que quiere partir es a ACTA dada ni dios la quita. Pero evidentemente también ese principio puede ser desechado en la medida en que todavía el Senado de la República es quien debe ratificar o no dicho acuerdo.

Pero es evidente que el gobierno trata, porque así lo ha dicho el presidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, trata de reabrir el debate para supuestamente, y eso es muy claro, pues darle una viabilidad social al proyecto de ACTA a partir del encubrimiento de la lucha en contra de la piratería.

Yo solamente, y antes de pasar la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta, o a algunos de mis compañeros, quisiera leerles tres renglones de un párrafo del artículo 27 de este tratado comercial que es el que ha generado más polémica no solamente en México sino en otras partes del mundo donde también, hago el paréntesis, ha sido rechazado, sobre todo en el parlamento europeo.

El párrafo cuatro del artículo 27, que es el artículo denominado observancia en el entorno digital dice lo siguiente: Una Parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes están facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea, que divulgue de forma expedita al titular de los derechos, es decir, al titular de los derechos de autor, de alguna imagen, de alguna obra, video, música, etcétera, etcétera, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume, ahí el asunto de presunción, se presume dice, no que se compruebe, dice se presume, fue utilizada para cometer una infracción, cuando dicho titular de los derechos haya presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico.

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