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La privatización de PEMEX es injustificada

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*Los Contratos Incentivados, Vía Para la Privatización, Violan los Artículos 27 y 28 Constitucionales.

*El Partido del Trabajo Pide Juicio Político Contra el Director de PEMEX

Por Regina Vargas

Periodista de Frecuencia Laboral

Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo fustigaron que Pemex haya avalado los contratos incentivados para campos maduros con las empresas Petrofac Facilities y Administradora de Proyectos de Campos, ya que ello viola los artículos 27 y 28 constitucionales y representan la vía para privatizar Petróleos Mexicanos. Aunque la Paraestatal argumentó que eso se dio esa medida para incrementar la productividad de hidrocarburos.

Por lo que integrantes del IMP pidieron que se incluya entre las consigas de la protesta del 1 de septiembre del 2011 el rechazo a esos contratos incentivados.

Los trabajadores recordaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el fallo a favor para la empresa Petrofac Facilities Management Limited, la cual explotará los campos Santuario y Magallanes, y Administradora en Proyectos de Campos el campo conocido como Carrizo.

Y de acuerdo al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, esos contratos son el resultado de la reforma energética de 2008, cuyo objetivo principal es combatir el rezago que existe en exploración y producción de petróleo. Estos permitirán incrementar las inversiones en el sector y aumentar la transferencia tecnológica, además de hacer eficientes los costos, argumentó.

Los integrantes del IMP también fustigaron que el funcionario haya argumentado que “esas licitaciones constituyen una histórica apertura de la explotación de hidrocarburos en el país a las empresas privadas desde la nacionalización de la industria del petróleo, en 1938”.

En la licitación participaron empresas de la industria, tanto nacionales como extranjeras. La paraestatal informó que más de 50 paquetes de bases de licitación fueron comprados por 27 empresas entre operadoras y de servicios, para las tres áreas contractuales.

El jueves 25 de agosto del 2011, el senador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal Ávila, ratificó la denuncia de juicio político contra el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avalaron los contratos incentivados, al considerar que violan la Constitución y representan la vía para privatizar Petróleos Mexicanos.

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