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Resumen de la resolución del Tribunal Internacional de Libertad Sindical

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En la Ciudad de México, a primero de mayo de dos mil once, JAMES D. COCKCROFT, LAURA MORA CABELLO DE ALBA, AMPARO MERINO SEGOVIA, LUIS GUILLERMO PÉREZ, LYDIA GUEVARA RAMÍREZ, KJELD JAKOBSEN, LUIZ SALVADOR, HUGO BARRETTO GHIONE, DEAN HUBBARD, HORACIO MEGUIRA, MARÍA ESTRELLA ZÚÑIGA POBLETE, HUGO LEAL NERI, ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA, RAÚL VERA LÓPEZ, MIGUEL CONCHA MALO, ANA COLCHERO, ALFREDO SÁNCHEZ ALVARADO, OSCAR ALZAGA, ENRIQUE LARIOS Y OCTAVIO LÓYZAGA, integrantes del TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD SINDICAL, reunidos en pleno para resolver en definitiva las acusaciones y denuncias formuladas en contra del ESTADO MEXICANO por las violaciones a la libertad sindical de los trabajadores y las trabajadoras en este país determinaron emitir la siguiente resolución.

En sus resultandos señala que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical (TILS) es un órgano
autónomo conformado por expert@s laboralistas, defensor@s de derechos humanos y
personalidades sociales de diferentes países del mundo, incluido México, integrado a solicitud de
diversas organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil. Se constituyó el 30 de
septiembre de 2009 y emitió su primera resolución el primero de mayo del 2010 en la que condenó al
gobierno mexicano por el abandono de sus funciones promotoras, tutelares y protectoras de la
Libertad Sindical, y por la violación grave y sistemáticamente, por actos propios y por omisión, del
derecho de Libertad Sindical.
Esta resolución fue entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Senadores,
la Cámara de Diputados, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal. La Resolución fue entregada también a diversas instancias
internacionales, tal como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al Congreso Mundial de la
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, además de haber tenido una amplia
difusión pública y de ser analizada en diversos foros especializados internacionales.
Después se abrió un nuevo periodo de recibimiento de quejas y pruebas generadas por hechos
posteriores a dicha fecha. El TILS se reunió en pleno del 28 de abril al 1 de Mayo de 2011 en la
Ciudad de México, convocó a una Audiencia Pública, realizada el 29 de abril de 2011 en la Antigua
Escuela de Medicina, ubicada en Calle República de Brasil Número 33, colonia Centro, en la Ciudad
de México, a la cual se invitó a las autoridades laborales del país y a comisiones legislativas en la
materia. El TILS recibió de manera formal la Acusación General (ANEXO I); conoció, documentó y
escuchó en la Audiencia Pública de fecha 29 de abril de 2011, las denuncias de diversos sindicatos,
trabajadoras y trabajadores.
A continuación un breve resumen de los asuntos documentados:
a) Hechos principales ocurridos desde la pasada resolución de este Tribunal (1 de mayo de
2010) en casos presentados en las sesiones anteriores.
I.- SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME):
Con fecha de 5 de julio de 2010, SCJN dictó sentencia en el juicio de amparo interpuesto por
el SME en la cual declara constitucional el Decreto de Extinción del Ejecutivo. El SME inició
una huelga de hambre el 23 de abril de 2010 para reclamar la restitución de su trabajo y sus
derechos laborales y sindicales. Después de 90 días dicha huelga se levantó al
comprometerse el gobierno federal a establecer una Mesa de Diálogo con el sindicato para
dar solución al conflicto, sin embargo, el único resultado ha sido la reposición del proceso
electoral que ratificó a la actual directiva, a la que con fecha 14 de diciembre de 2004 se le
entregó la toma de nota.
Hasta la fecha, la demanda entablada por los trabajadores del SME por despido injustificado
continúa en su primera fase procesal. La JFCA ha emitido acuerdos que retrasan el
procedimiento mientras que la demanda presentada el 3 de octubre de 2009 por el Sistema de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), donde se solicitó la terminación de las
relaciones individuales y colectivas de trabajo entre el SME y Luz y Fuerza del Centro, el 30
de agosto de 2010 la JFCA dicta resolución favorable a tal solicitud y fija los conceptos que
integran las indemnizaciones de quienes no aceptaron su liquidación voluntaria. Asimismo,
determina que no opera la sustitución patronal por parte de la Comisión Federal de
Electricidad respecto de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha mantenido una campaña mediática contra el
sindicato y una política de criminalización de las acciones de protesta de los integrantes del
SME. Al día de hoy se mantienen congeladas las cuentas del Sindicato.
II.- El SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES
DE LA REPÚBLICA MEXICANA (SNTMMSRM):
En dos ocasiones se ha negado la toma de nota al secretario general electo democráticamente del
SNTMMSRM. El 6 de junio de 2010, el ejército toma la mina de Cananea (Sonora) y desaloja
violentamente a los huelguistas, con un saldo de varios heridos y detenidos. Hasta el momento sigue
el acoso militar y paramilitar en el lugar. Simultáneamente, el gobierno desaloja la mina de Pasta de
Conchos. En noviembre de 2010, la STPS otorga, con una rapidez inusual, registro a un sindicato
propatronal y le favorece en la realización de los recuentos. El sindicato interpone juicio político a
Javier Lozano.
TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 9 DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN (SNTE):
El 6 de agosto del 2010, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito niega el
recurso de revisión al comité reconocido en su momento por la autoridad laboral y con ello elimina
definitivamente la posibilidad de que les dieran la toma de nota. No obstante la Secretaría de Educación Pública y la Administradora de Servicios Educativos en el Distrito Federal mantienen las
prerrogativas y el personal de dicho comité. De manera paralela al amparo promovido en contra de la
toma de nota otorgada por el TFCA, los maestros de la Sección 9 interpusieron una demanda laboral
ante esa autoridad para que fueran anuladas las elecciones y se restituyera el proceso electoral. Sin
embargo, han transcurrido tres años sin que se dicte resolución.
En agosto y septiembre de 2010 tres profesoras integrantes del comité ejecutivo democrático de la
Sección 9, fueron agredidas físicamente. Los actos violatorios del derecho a la libertad se reproducen
en secciones como la 22 de Oaxaca, y la 7 de Chiapas, entre otras. El 15 de febrero de 2011, al
manifestarse profesores de Oaxaca ante Felipe Calderón por las malas condiciones educativas en el
país fueron violentamente reprimidos por policías federales y estatales, resultando varios heridos y 5
detenidos. Asimismo el 14 de marzo de 2010 fue desaparecido el profesor Carlos René Román
Salazar, de quien hasta la fecha no se sabe su paradero.
IV.- UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS (Untypp):
a) A un año y 4 meses de haber obtenido el registro sindical, Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue
amenazando y despidiendo a la dirigencia y afiliados, desconociendo su representación y negándose
a la negociación. Francisco Ríos Piñeyro, secretario de organización de la organización, fue
cambiado arbitrariamente de su centro de trabajo. Moisés Flores Salmerón, después de ser elegido
Secretario General de la Sección Nº 1 fue jubilado sin su consentimiento. Se mantiene el despido
injustificado de 26 compañeros que fueron desalojados, en su mayoría violentamente, de sus centros
de trabajo desde el 14 de noviembre de 2008.
Silvia Ramos, activista sindical, a ocho meses de haber sido reinstalada en su empleo en Pemex, en
cumplimiento de una resolución judicial, fue sometida a un procedimiento de inhabilitación para el
desempeño de su funciones por la Contraloría Interna de la Semarnat, organismo en el que se
desempeñara mientras se desahogaba su juicio laboral de reinstalación. El procedimiento de
inhabilitación tuvo abundantes violaciones al debido proceso, además de la violación a las garantías
de legalidad, seguridad y certeza jurídica protegidas en los artículos 14 y 16 constitucionales,
resultando nuevamente despedida sin justa causa.
V.- SECCIÓN 187 DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA (STRM)
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), al que están afiliados los trabajadores
de Atento call center, ofreció en un juicio de titularidad la prueba de recuento, cuyo desahogo se
ordenó para el día 2 de julio de 2010, a las 17:00 horas, el cual fue realizado bajo acoso de más de
150 golpeadores, sin padrón confiable y con irregularidades propiciadas por la empresa, para impedir
que los simpatizantes del STRM pudieran votar. La Junta Local tardó seis meses en emitir el laudo,
pese a las evidentes violaciones e irregularidades durante el proceso de recuento, y declaró ganador
al Sindicato Progresista. En contra de la Resolución dictada por la JLCA del D. F. se interpuso
demanda de amparo.
VI.- SINDICATO DE TRABAJADORES DE CASAS COMERCIALES OFICINAS Y EXPENDIOS,
SIMILARES Y CONEXOS DEL DISTRITO FEDERAL (Stracc):
La huelga en la estación Belem se desarrolló en un clima de violencia provocada por la empresa, que
contrató golpeadores. La JLCA del D.F. convocó a los trabajadores para un recuento sobre la huelga
en el que sólo se permitió votar a las personas seleccionaras por la empresa. Los supuestos
“trabajadores” votaron por la no huelga siendo ésta declarada inexistente. El Stracc promueve
demanda de amparo contra esta resolución y éste le es concedido. En julio de 2010 la Junta emite un
acuerdo que aun declarando legal la huelga, señala que deberán retirarse los símbolos de huelga y
permitir que se reanuden las labores. Esto facilita al patrón imponer a personas que no eran
trabajadores.
Por otro lado, los despachadores de gasolina de la empresa Servicio Bonar, S. A. de C. V., afiliados a
Stracc demandaron la titularidad del contrato colectivo. La empresa, con la connivencia del sindicato
firmante, inicia una campaña de acoso, hostigamiento, además del despido de los 23 trabajadores
que fueron desalojados. En el recuento intervinieron más de 12 abogados y 130 supuestos
“trabajadores”, en una estación que sólo cuenta con 15. Se concluyó que los trabajadores que
prestan sus servicios en ese centro de trabajo son de Teucro Administración de Personal, S. A. de C.
V.
VII.- SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIA VIDRIERA DEL
POTOSÍ (SUTEIVP):
La empresa se ha negado a acatar el laudo dictado a favor del trabajador Fortino Salazar Leija,
miembro del SUTEIVP en el que se condena a la empresa a reinstalarlo en su puesto.
El SUTEIVP presentó queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del
Trabajo, con número 2774, cuyo procedimiento ha sido entorpecido por el gobierno federal, que no ha
presentado el informe correspondiente para que el caso pueda ser discutido en las reuniones del
Comité. Los trabajadores desde la fecha del despido a la actualidad se encuentran boletinados por lo
que se ven imposibilitados de conseguir trabajo.
A) Hechos principales de nuevos casos presentados en este período:
VIII.- SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE HONDA DE MÉXICO (STUHM):
En la empresa automotriz Honda de México S. A., el sindicato titular del contrato colectivo no actúa en
protección y defensa de los trabajadores afiliados ni los convoca para las revisiones salariales ni
contractuales. En virtud de lo anterior, en febrero de 2010 las y los trabajadores de Honda se
organizaron y constituyeron el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM). De
inmediato son despedidos los dirigentes. El STUHM solicitó su registro ante la STPS mismo que le
fue negado el 4 de agosto de 2010, argumentando que no se acreditaba la existencia de la empresa y
que no era competencia de las autoridades federales. El 28 de enero 2011 un juez ordenó a la Dirección General de Registro de Asociaciones Sindicales (DGRA) de la STPS le otorgara el registro
correspondiente. No obstante, ilegalmente, la DGRA de la STPS interpuso recurso de revisión, sin
tener legitimación para ello, pues el registro es un procedimiento administrativo que no le depara
perjuicio alguno.
IX.- SINDICATO INDEPENDIENTE DE INVESTIGADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (SIIINIFAP):
Desde febrero de 2009 un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) inició la creación del SIIINIFAP ante la pérdida de
prestaciones y acciones impositivas de las autoridades de la dependencia. Al solicitar el registro
formal de su sindicato, la STPS y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, negaron su
competencia como autoridad para otorgar el reconocimiento legal. Con fecha 14 de abril de 2010, el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dictaminó, que al ser el instituto
un organismo público descentralizado, correspondía otorgar el registro a la STPS, quien entregó la
toma de nota el 15 de julio de 2010.
El 1 de febrero de 2011, el Sindicato emplazó, ante la JFCA, a su patrón para la firma del contrato
colectivo de trabajo. El instituto se negó rotundamente. A su vez, la JFCA emitió resolución contraria a
derecho al señalar que la firma del contrato colectivo era improcedente. Como represalia, a 300
jóvenes investigadores no les ha sido renovado su contrato y a los investigadores del Campo Coaxtla
se les ha impedido el acceso a su centro de trabajo.
X.- TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
El Estatuto del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) prohíbe la
reelección de la dirección sindical, del secretario general en particular. Sin embargo, el Secretario
General, sin haber concluido su gestión, alarga su periodo por 6 años más (de 2012 a 2018),
otorgándole la facultad de designar al resto de los dirigentes. El congreso convocado carecía de
facultades para realizar dichas acciones. Con fecha de 3 de noviembre del 2010, el Registro de
Asociaciones le entrega la toma de nota para la gestión del 16 de octubre de 2012 al 15 de octubre
de 2018, sin haber concluido la actual, señalando que el Congreso Ordinario del 11 de octubre de
2010 actúo legalmente. Asimismo, le otorga la toma nota para designar por única vez y sin
precedentes a los demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de las comisiones nacionales
sindicales a partir del 16 de octubre de 2012.
XI.- SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO (SUTUACM):
El Comité Ejecutivo del SUTUACM fue elegido mediante voto libre y secreto en noviembre de 2009,
pese a ello, la JLCA del DF de manera injustificada retrasó la entrega de la toma de nota. La
Administración de la UACM retiene, desde la primera quincena de septiembre de 2010, las cuotas
sindicales y se ha abstenido de informar el monto descontado. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México se ha abstenido de pagar las cuotas al ISSSTE. La Administración de la UACM ha
recurrido a golpeadores y esquiroles para enfrentar al SUTUACM.
XII.- SINDICATO DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL ESPAÑOL:
El 19 de noviembre de 2010 los magistrados del Décimo Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en
Materia de Trabajo (TCC) desconocieron el resultado del recuento celebrado el 30 de abril de 2008 en
las instalaciones de la JLCA del DF, en el que se reclamaba la titularidad exclusiva del contrato
colectivo de trabajo, para terminar con más de 23 años de imposición de un sindicato blanco
integrante de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC). Posteriormente, la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se opone a conocer del asunto en una solicitud de
revisión del caso e impone una multa a los abogados del Sindicato por la cantidad de $25,424.00, por
insistir en que se reconozca el recuento sindical.
El caso tiene como antecedente la cancelación del sindicato independiente en el año de 1988 y la
cesión de la titularidad del contrato colectivo a la CTC con el apoyo de cientos de golpeadores.
Posteriormente, un laudo impone al sindicato una “titularidad compartida” con la CTC, a pesar de
haber logrado la mayoría de votos en el recuento.
XIII.- SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
MAQUILADORA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (SINTTIM):
A las trabajadoras comisionistas de la corporación AVON COSMETICS se les ha desconocido la
relación de trabajo con la empresa, sus derechos laborales y, por tanto, el derecho de organización
sindical y de contratación colectiva.
Trabajadoras que maquilan calamar gigante para las corporaciones transnacionales HANJIN MÉXICO
y HANJIN TRADING, BRUMAR DE SAN BRUNO Y PESQUERA LONGIN. Han sido despedidas
injustificadamente más de un centenar de empacadoras de calamar en 2002, 2006 y 2010, por
organizarse en el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria
Maquiladora en el Estado de Baja California Sur (SINTTIM) para defender sus derechos laborales
conculcados. Por último, en la inspección del trabajo, las autoridades laborales estatales y federales
actúan de manera irregular permitiendo con ello la impunidad de las empresas extranjeras.
Las violaciones a la libertad sindical muestran la degradación del Estado de derecho; ilegalidad y la
violencia en el país, una llamada guerra contra el narcotráfico, que suma ya casi 40 mil muertos.
Crece la violencia y criminalización por parte del Estado contra las organizaciones auténticas de
trabajadores, al tiempo que la situación de las y los trabajadores se encuentra al límite por la caída
salarial y la pérdida de empleos formales en los últimos 30 años; la flexibilización, la tercerización y la
precarización del trabajo, todo lo cual mina las bases de la organización y la contratación colectivas.
Particularmente, los jóvenes sin trabajo y sin estudio llegan a 7 millones, y a casi 5 millones los niños
y niñas que se ven obligados a trabajar.
Además, el Congreso de la Unión discute dos iniciativas de reformas legislativas que, de aprobarse,
agravarían más el futuro de los trabajadores y la sociedad:
El proyecto de Reforma Laboral del PRI y el PAN y el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que
intenta legalizar la violencia del Estado contra las luchas sociales, políticas y sindicales según lo crea
pertinente el Poder Ejecutivo Federal.
XIV.- SECCIÓN 188 DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA (STRM).
Los trabajadores de la empresa Construcciones y Canalizaciones S. A. de C. V. (CYCSA), filial de
Telmex, han sido objeto de represalias por el hecho de haber decidido ya no ser miembros del
sindicato impuesto por la empresa y afiliarse a la sección 188 del STRM ; han sufrido despidos
sistemáticos con el cierre de varios centros de trabajo en diferentes estados del país. Al demandar la
titularidad del contrato colectivo de trabajo la JFCA responde con una prevención en la que requiere
documentos que la ley laboral no exige, por lo que la JFCA viola lo dispuesto en el artículo 931 de la
ley aplicable a la materia y el convenio 187 OIT. Ante estos actos violatorios el STRM interpuso
amparo directo. Recientemente el Tribunal Colegiado otorgó el amparo directo a la sección 188 del
STRM, por lo que se ha solicitado a la JFCA que de fecha a la brevedad para el desahogo de la
prueba de recuento.
En los considerandos la resolución señala que: la legitimidad de este Tribunal proviene de nuestro
compromiso como sociedad civil global de reapropiarnos democráticamente de la justicia
laboral. El ejercicio de la libertad sindical es columna vertebral para la democracia, para quienes
viven de su trabajo, los derechos humanos, el progreso y la distribución global de la riqueza, por
tanto, es necesario recuperarla para dignificar la vida de las y los trabajadores. La libertad
sindical es un derecho fundamental para una sociedad democrática, tanto como lo es el derecho al
voto o la libertad de expresión. La pérdida de este derecho implica también una amenaza y
vulneración a otras garantías ciudadanas y del mundo del trabajo. Todos los derechos laborales
deben ser considerados derechos humanos universales.
Que el gobierno mexicano debe acatar el Derecho internacional y su propia Constitución que, en el
artículo 123, proclama el derecho de la clase obrera a coaligarse. La libertad sindical es el pilar sobre
el que se sustentan el resto de los derechos laborales, que son absolutamente irrenunciables y
universales, por lo que ni siquiera dependen de un acto soberano de ratificación de una norma
internacional por parte del Estado, yendo más allá de las soberanías nacionales.
En consecuencia, el respeto irrestricto a la libertad sindical, como a cualquier otro derecho humano,
incumbe no sólo a los nacionales de un país sino a la comunidad internacional. Ante la violación
sistemática de ese derecho la fuerza jurídica, ética y moral de una ciudadanía universal debe
prevalecer para exigir que el derecho de libertad sindical se haga efectivo. Su vulneración en perjuicio
de la clase trabajadora de un país implica la violación del derecho en perjuicio de todos los
trabajadores y trabajadoras del mundo Teniendo en cuenta las pruebas ofrecidas por los denunciantes (pruebas documentales (ANEXO III y
IV), vídeos, artículos de prensa, testimonios de trabajadores, resoluciones de órganos jurisdiccionales
y organismos internacionales, en especial la OIT, (ANEXO V) y a la valoración de otros medios de
prueba a los que ha podido tener acceso el Tribunal, como testimonios de diversos representantes de
la sociedad civil organizada, ha quedado constatada la veracidad de los hechos denunciados. Por
tanto, el TILS estima que los derechos vulnerados en cada caso singular han sido:
1.- Ataques a la integridad física y psicológica de trabajadores y dirigentes (persecución,
arresto, detenciones arbitrarias, exilio y desapariciones). Con esta práctica cotidiana en México
se violan las garantías individuales fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las consagradas en la
Constitución Nacional. Al respecto la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT ha dicho que: “los derechos conferidos a las organizaciones de
trabajadores (…) se basan en el respeto de las libertades civiles, en particular, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que el
concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido, cuando no existen tales libertades
civiles”.
2.- Manejo arbitrario del registro sindical y representación legal (toma de nota). En este caso se
violan: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 87 de la
OIT en sus artículos 3, y 8. En el orden nacional está infringiendo: El artículo 123 de la Constitución
Mexicana; el artículo 9 y el artículo 17. Respecto a la Ley Reglamentaria del apartado A del artículo
123 de la Constitución, se vulnera los artículos 354, 357, 365 y 366.
3.- Limitaciones a los trabajadores para elegir libremente a sus representantes. En este rubro, el
gobierno viola el Convenio 87 de la OIT, que en su artículo 3, numeral 1, subraya que las
organizaciones de los trabajadores tienen el derecho de elegir libremente a sus representantes, y el
numeral 2, prohíbe a las autoridades intervenir para limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio
legal. El artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo que establece el derecho de los sindicatos a
redactar sus estatutos y elegir libremente a sus representantes, el 371, fracción IX señala que en los
estatutos deberá establecerse el procedimiento para la elección de la directiva y su dirección. En
tanto que el artículo 377, fracción II, establece la obligación de los sindicatos de dar aviso a la STPS o
a las JLCA estatales, según sea el caso, los cambios de directiva sindical, lo que obliga a la autoridad
laborar a tomar nota de dichos cambios. Sin embargo, la autoridad laboral, al margen de la ley, de
manera arbitraria, en aquellos casos en que los trabajadores se han organizado de manera
independiente de los intereses patronales o de las centrales oficiales, en uso arbitrario de sus
atribuciones, ha negado o dilatado extraordinariamente la toma de nota, lo que se traduce en una
injerencia en la vida de los sindicatos, en clara violación del convenio 87 de la OIT, de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales suscritos por México
ya citados y del artículo 123 de la Constitución.
4.- Injerencia en la estructura y programas de las organizaciones sindicales. Las autoridades
mexicanas cometen acciones de injerencia en las organizaciones sindicales al infringir el convenio 87
de la OIT, que en su artículo 3, numerales 1 y 2, establece el derecho de los trabajadores redactar estatutos y reglamentos, a elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración, sus
actividades el de formular su programa de acción, absteniéndose las autoridades públicas de toda
intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Igualmente, viola el
ordenamiento interno previsto en el artículo 123 de la Constitución nacional en su apartado A fracción
XVI y en el B fracción X que prevé la libre sindicalización.
5.- Actos de discriminación sindical y represalias a quienes se organizan en sindicatos. El
gobierno mexicano infringe el artículo primero del Convenio 98 de la OIT, en tanto no provee de
adecuada protección a la actividad sindical.
6.- Restricciones al ejercicio del derecho de negociación colectiva. Se comprobó la existencia de
“contratos de protección patronal” firmados por sindicatos no representativos o “sindicatos de
protección” que se alían con el patrón para protegerlo de una negociación colectiva genuina. Estos
contratos de protección, caracterizados por contener los derechos mínimos de ley, despojan a los
trabajadores de la posibilidad de obtener mayores prestaciones y protecciones laborales mediante el
ejercicio de su derecho a la negociación colectiva a través de sindicatos independientes de su
elección. El Tribunal recibió documentación confiable que revela la existencia de un número
alarmante de contratos de protección patronal en México que alcanza a más del 75% de todos los
contratos colectivos de trabajo (CCT) registrados ante las Juntas. En confirmación de esta realidad,
al respecto el Comité de Libertad Sindical de la OIT en su reunión 310ª, en marzo del 2011,
emitió recomendaciones al gobierno de México ante la queja presentada por la Federación
Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), apoyada por la
Confederación Sindical Internacional (CSI), queja en la que se cuestiona el sistema de
relaciones laborales como consecuencia de la práctica enormemente extendida de los
contratos colectivos de protección patronal (ANEXO V).
Asimismo, se ha constatado en este rubro la existencia de prácticas que se agrupan en dos grandes
rubros: 1. Casos en los cuales el patrón y/o autoridades estatales se niegan a reconocer la
representación sindical conferida a través de la toma de nota. 2. Casos en los cuales comités
sindicales que carecen de la representación sindical por habérseles negado la toma de nota son, no
obstante, reconocidos por el patrón y/o autoridades estatales como los representantes legales los
sindicatos con capacidad para ejercer el derecho a la negociación colectiva en detrimento de los
derechos colectivos de los trabajadores y de sus legítimos representantes.
Estas prácticas constituyen violaciones por parte de los gobiernos federal y locales respectivos, de los
Convenios 87, 98 y 154 de la OIT.
7.- Limitación al ejercicio del derecho de huelga.
El gobierno mexicano viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
la ONU y la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales de 1998, así
como los criterios emitidos por el Comité de Libertad Sindical de la OIT y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Justamente el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha afirmado el principio del derecho de huelga desde su segunda reunión, celebrada en 1952, en la que
declaró que la huelga es uno de los elementos esenciales del derecho sindical.
Se comprueba que la sistemática violación del Estado al derecho de libertad sindical en el último año
se ha incrementado notablemente con la violencia contra los trabajadores y trabajadoras, sus
derechos fundamentales y las libertades públicas. Y conforme a las normas de la sana crítica, y
apreciados los hechos como indicios suficientes, sustanciales y ponderadas las pruebas, en vistas de
principios de derechos humanos universalmente aceptados, este Tribunal Internacional de Libertad
Sindical, en conciencia:
CONCLUYE Y RESUELVE QUE:
PRIMERO.- Son fundadas las denuncias presentadas en indicios suficientes y sustanciales las
denuncias presentadas por los siguientes sindicatos y grupos de trabajadores que actualizaron sus
casos ante este tribunal: SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME); SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA
MEXICANA (SNTMMSRM); TRABAJADORES DE LA SECCIÓN 9 DEL SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE); UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y
PROFESIONISTAS PETROLEROS (UNTyPP); SECCIÓN 187 DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS
DE LA REPUBLICA MEXICANA (STRM); SINDICATO DE TRABAJADORES DE CASAS
COMERCIALES OFICINAS DE EXPENDIOS, SIMILARES Y CONEXOS DEL DISTRITO FEDERAL
(STRACC SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIA VIDRIERA
DEL POTOSÍ (SUTEIVP) Y QUIENES AHORA ACUDEN POR PRIMERA OCASIÓN: SINDICATO DE
TRABAJADORES UNIDOS DE HONDA DE MÉXICO (STUHM); SINDICATO INDEPENDIENTE DE
INVESTIGADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS (SIIINIFAP); TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANOS DEL
SEGURO SOCIAL; SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SUTUACM); SINDICATO DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL
ESPAÑOL; SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA MAQUILADORA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (SINTTIM); XIV.-
SECCIÓN 188 DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA (STRM).
SEGUNDO.- El Estado mexicano, a través de sus Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ha incurrido
en notable abandono de sus funciones promotoras, tutelares y protectoras de los derechos
fundamentales del trabajo, y continúa vulnerando grave y sistemáticamente por actos propios y por
omisión el derecho a la libertad sindical a través de prácticas antisindicales.
TERCERO.- La exigencia del trámite de “toma de nota”, tal cual se efectúa en la práctica, es
incompatible con el Convenio 87 de la OIT, ratificado por el Estado mexicano.
CUARTO.- La arbitrariedad y la carencia de objetividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
en el otorgamiento de registro sindical, violan el Convenio 87 y 154 de la OIT, ya que “los trabajadores tienen el derecho organizarse como crean conveniente” y que a su vez este tipo de injerencias influye
en la existencia de los llamados “contratos colectivos de protección patronal”.
QUINTO.- Los contratos colectivos de protección patronal en la práctica son contrarios a la libertad
sindical de negociación, ya que se simula una negociación con representaciones ficticias que no
reflejan una “negociación libre y voluntaria”, misma que vulnera los convenios fundamentales de la
OIT, especialmente los Convenios 87, 98 y 154.
SEXTO. El Estado mexicano y todos sus poderes deben el cabal respeto a todos los Tratados
Internacionales que ha suscrito y ratificado, especialmente de aquéllos referidos a la promoción y
tutela, de los derechos fundamentales del trabajo, especialmente el de la libertad sindical, cómo
médula de un Estado social y democrático de derecho.
SÉPTIMO – Conmina y exige al gobierno mexicano el inmediato cese de las conductas antisindicales
consistentes en actos de injerencia sindical del poder ejecutivo y de los empleadores, discriminación
sindical, despidos discriminatorios de representantes sindicales, violación a la libre afiliación y
violación a la autonomía sindical.
OCTAVO.- Exige la adopción de medidas urgentes y necesarias para restablecer la plena vigencia del
Estado democrático y social de derecho y por ende el pleno ejercicio y debida protección de la
libertad sindical ante actos propios, de acción u omisión y de terceros, privados individuales, de
corporaciones nacionales y trasnacionales; y la concurrencia a la reparación del daño a los afectados
y afectadas que corresponda por dichas conductas. En especial, exige que de manera inmediata se
actúe contra las bandas de golpeadores usadas contra las y los trabajadores que hacen uso de sus
derechos colectivos laborales y sindicales.
NOVENO- El gobierno mexicano es responsable ante la comunidad internacional, de las violaciones
cometidas a la libertad sindical por lo que ésta queda habilitada para perseguir tal perpetración de
violación de derechos fundamentales del trabajo ante las instancias internacionales que correspondan
y exigir el inmediato cese de tales prácticas, como el caso de la comunidad de Cananea, donde no
sólo se ha criminalizado el conflicto laboral, sino que se ha militarizado.
DÉCIMO.- Exige al gobierno mexicano que agote todos los esfuerzos posibles para la recuperación
de los cuerpos de los mineros atrapados en la Mina de Pasta de Conchos y proceda a una
investigación seria, para establecer las responsabilidades, laborales, civiles y penales, que terminen
con la impunidad que se constata desde el acaecimiento de los hechos a la fecha.
DÉCIMO PRIMERO.- Exige la inmediata libertad de los presos políticos del Sindicato Mexicano de
Electricistas y se ponga fin a las campañas de desprestigio y criminalización de las y los trabajadores
afiliados a ese sindicato en la reivindicación de sus derechos conculcados.
DÉCIMO SEGUNDO.- Reitera que la denegación y retardo en la administración de justicia en los
casos expuestos, así como la burocratización innecesaria de los trámites administrativos son
violaciones a la libertad sindical, lo que torna ilusorio su ejercicio.

DÉCIMO TERCERO.- Exige la adopción de todas las medidas orientadas a la celeridad de los
procedimientos administrativos y judiciales, tanto federales, como locales, al objeto de obtener una
justicia y administración eficaz, efectiva, imparcial y autónoma.
DÉCIMO CUARTO. Reitera la exigencia del reconocimiento de los representantes sindicales
despedidos arbitrariamente, su restitución o reinstalación en los puestos de trabajo, el otorgamiento
del empleo efectivo, así como la reparación de los perjuicios causados, tales como el pago de los
salarios y las demás prestaciones de Seguridad Social que se han devengado durante todo el tiempo
de la afectación de sus derechos fundamentales del trabajo.
DÉCIMO QUINTO.- Esta Resolución debe ser presentada ante las instancias internacionales
pertinentes, entre ellas la Relatoría del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas sobre la
independencia de los magistrados y abogados, a fin de que la tenga a la vista y en consideración al
emitir su informe sobre el Estado mexicano, en octubre del 2011.
DÉCIMO SEXTO.- Acudirá a la sociedad civil y a las organizaciones sindicales nacionales e
internacionales para el eficaz y cabal cumplimiento de esta resolución (Recomendaciones del Tribunal
a las organizaciones sociales ANEXO VII).
NOTIFÍQUESE A LAS PARTES Y DIFÚNDASE PARA SU CONOCIMIENTO.
México, DF, a 1 de mayo del 2011

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One Comment

  1. juan belmar fuentes

    bien soy un trabajador que en un momento creia en la justicia laboral de chile ,pero me encontre que no solo falta mas educacion de parte de los jueces chilenos, si no tambien en su ignoracia de como fallan en sus pronunciamientos, o sea ,en sus resoluciones judiciales.
    En el año 2009, febrero 14, fui separado ilegalmente de mis funciones como trabajador y representante de los trabajadores de la empresa Seil, empresa coreana, respresentante en Chile,, donde construian una obra denominada termoelectrica Pawer Plan, donde esta empresa me desvinculo de la obra sin una orden judicial, ya que yo como trabajador y como delegado sindical y representante de los trabajadores de esa obra.
    En nuestro pais segun las leyes laborales, para desvincular a un trabajador aforado, se tiene que pedir autorizacion a un tribunal, esta empresa pasando a llevar todas las leyes laborales y judiciales, hizo caso omiso a, mis reintegros, emanados por la corte suprema de chile, corte de apelaciones de chile y tribunales laborales, reintegro con fuerza publica a lo cual esta empresa nunca acato nada, como es posible que todos estos organismos hayan dado orden de reitegro, pago de sueldos, multas a la empresa, orden de desacato por no cumplir las resoluciones judiciales y despues de casi 2 años de juicios entra a jugar un tribunal laboral donde acepta que la empresa me desafuere y me despida sin tomar en cuenta que la corte suprema, la corte de apelaciones y un tribunal del trabajo hayan resuelto el reintegro y el pago de remuneraciones.
    Esa es la injusticia y la ignorancia de los tribunales chilenos donde los Ministros de justicia velan por los intereses de las grandes Empresas y no por los de los trabajadores y delegados sindicales, contradiciendose en sus fallos judiciales y la ignorancia de ellos mismos.
    Me gustaria saber que organismo existe para demandar al estado chileno por la negligencia de sus tribunales por el daño que me ocacionaron durante dos años

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